Revista Nova et Vetera

2019 fue un año de movilizaciones emblemáticas y representativas en varios países de América Latina, pues a los casos de Estados con una tradición de protestas como Ecuador, Haití y hasta cierto punto Perú, se sumaron dos países con menor tendencia hacia la efervescencia ciudadana como en el caso de Chile y Colombia.

Los tres primeros países, vivieron a lo largo de los ultimas décadas períodos de convulsión que terminaron en la salida de varios mandatarios como en los casos de Jean Bertrand Aristide (que luego retornó), Abdala Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez y Alberto Fujimori. No obstante, en los últimos años, la tendencia parecía hacerse revertido y dichas naciones habían alcanzado unos niveles mínimos de gobernabilidad. A pesar de la tendencia a la calma, en todos se presentaron protestas que se mantuvieron durante varias semanas, especialmente en Haití (aunque en este país caribeños pasaron desapercibidas para la mayoría de los medios de comunicación) y Ecuador. Chile y Colombia, por su parte, vivieron procesos de movilización social inéditos pues en ambos casos desde el restablecimiento de la democracia, para el caso chileno desde la transición a finales de los ochenta y el colombiano desde la adopción de la Constitución de 1991, no se habían visto protestas de semejante magnitud. Si bien en los dos se podían presentar protestas a propósito del aniversario del golpe contra Salvador Allende los 11 de septiembre o concretamente para rechazar los planes de Transantiago en 2007, y en Colombia para rechazar algunas medidas económicas lesivas para la clase media o las mas desfavorecidos, o para condenar las distintas manifestaciones de violencia bien fuera de los paramilitares o de las guerrillas, nada se asemejó con la ocurrido en 2019 y parte del 2020.
 
2019 fue un año distinto y Chile fue testigo de una explosión social que desmontó el paradigma de que se había convertido en un modelo de transición hacia la democracia, con bases solidas y con un sistema económico incluyente.  No por nada, cuando se criticaba a la izquierda en América Latina por populista en el caso de Hugo Chávez, Rafael Correa o Néstor Kirchner se evocaba siempre el ejemplo de la Concertación de Partidos por la Democracia de Chile (coalición de partidos de centroizquierda), como un caso exitoso de un progresismo moderado sinónimo de funcionalidad, sin tener que recurrir a las recetas típicas del populismo, cuya máxima expresión en varios de los Estados fue el robustecimiento del Estado de bienestar a expensas muchas veces de la disciplina fiscal. 

 

Aquella imagen de progresismo ideal se vino abajo cuando estudiantes, trabajadores y personas de toda extracción social acudió a las calles inicialmente por el alza de los precios del metro de Santiago (40% del total de la población chilena habita en la capital), y luego se fueron sumando reivindicaciones de diversa naturaleza exigiendo un papel más activo para el Estado en la economía con el fin de proteger a los más vulnerables. Uno de los aspectos más llamativos de las protestas es que ningún partido político o líder social o del establecimiento puede reivindicar paternidad o maternidad sobre le movimiento cuya carácter espontáneo e incluso amorfo ha sido irrebatible. Esto demuestra no solo el peso de la ciudadanía chilena, sino el descrédito de los partidos políticos y los canales formales de participación. De un lado, la crisis sugiere una degradación de la democracia chilena por el desgaste de dichos canales, pero al mismo tiempo, parece ratificar su fortaleza pues, aunque se dieron casos de represiones violentas, en términos generales, se garantizó el derecho a la protesta.  Esta ultima idea no debe ser interpretada como ingenua ya que se debe reconocer la imposibilidad de que una movilización de semejante magnitud (de millones) no derive en violencia por parte de las fuerzas del orden que tienden a perder el control y a extralimitarse, así como de los manifestantes.
 
La crisis social, económica y política que llevó a Chile a las calles, debe ser interpretada como una consecuencia de que la transición que se concretó a finales de los 80 no completó su ciclo a cabalidad. Como principales activos de la transición se rescata la alternación de paridos políticos, la pluralidad y la oportunidad que tuvo la izquierda de gobernar durante 20 años de manera ininterrumpida -primero bajo el prisma de la socialdemocracia y luego del socialismo-. No obstante, la Concertación fue incapaz de cambiar estructuralmente el modelo de Estado neoliberal impuesto por Augusto Pinochet Ugarte. A pesar de varias promesas para refundar constitucionalmente el país, especialmente de Michelle Bachelet cuando aspiró a un segundo mandato, eso jamás sucedió y no es de extrañar que tampoco hubiese sucedido en los dos gobiernos parentéticos de Sebastián Piñera.

 

Únicamente en una coyuntura crítica sin el liderazgo de las fuerzas políticas chilenas se tomó la decisión de convocar a un plebiscito sobre una reforma a la constitución. La consulta estaba prevista para abril, pero como consecuencia de la pandemia del coronavirus deberá aplazarse para octubre. Piñera es el presidente más impopular desde el retorno de la democracia cayendo a un mínimo de 6% de aprobación durante las protestas, lo que hacia contemplar la posibilidad de que no terminara su mandato. Sin embargo, la llegada de la epidemia significó un respiro para el establecimiento, pues a pesar de las dificultades para enfrentarla y como lo recuerda el escritor y periodista chileno Patricio Fernández para el New York Times citando al célebre Alessandro Baricco “el coronavirus ha reestablecido cierta disciplina social”.
 
La gran pregunta que surge es de qué manera la crisis sanitaria incidirá en la consulta de octubre pues como en otras regiones del mundo, la pandemia ha desnudado las insólitas diferencias entre las clases socioeconómicas para el acceso a la salud, uno de los puntos constantes en las reivindicadores de los indignados chilenos. Aunque la crisis significó una oportunidad para Piñera para retomar el control y la gobernabilidad, ésta acelerará el proceso urgente de refundar el sistema económico chileno, demanda por años retrasada de manera inexplicable en gobiernos emblemáticamente socialistas.