En el mes de octubre de 2020 ante el Consejo de Bogotá se presentaron las cifras alarmantes de violencia feminicida en la Ciudad. Se buscó sensibilizar a las instituciones respecto de las obligaciones que tiene el Estado Colombiano respecto de prevenir, mitigar y sancionar la violecia contra la mujer.

¿Qué resuelve?

Esta es una acción de tutela instaurada en favor de una mujer de la tercera edad, víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex pareja por más de 20 años. Esto, debido a que, con el fin de terminar con los malos tratos por parte del agresor, bajo la promesa de irse de la casa, este le hizo firmar cuatro letras de cambio por un valor total de diez millones de pesos. Con base a esta deuda, la ex pareja de la víctima inició un proceso ejecutivo por medio del cual quería obtener la titularidad de la casa en que ella vivía. Así las cosas, la tutela buscó amparar los derechos a la igualdad y el debido proceso, alegando que la obligación no podía hacerse exigible debido a que había existido fuerza como un vicio en el consentimiento al momento de la firma de las letras.

¿Cómo participó el VIG en esta Sentencia?

La víctima fue usuaria del Consultorio Jurídico en el área de Derecho Civil y Notariado y la Clínica Jurídica VIG. Mediante un trabajo conjunto se realizó la acción de tutela, la impugnación y la correspondiente solicitud de revisión a la Corte Constitucional. Lo anterior, con el fin de asegurar que la Usuaria no fuera desalojada su hogar y pudiera vivir una vida libre de violencias como sujeto de especial protección en razón de su sexo y su edad.

¿Qué resuelve?

Esta es una acción de tutela instaurada por una mujer, actuando en representación de su sobrina contra la Secretaría de Seguridad y de Justicia de la Ciudadanía de la Alcaldía de Cali y otros. Esto, debido a la vulneración de su derecho a tener una familia y no ser separada de ella. La vulneración se presentó ya que el Estado no consideró apta para ser madre a la sobrina de la accionante por ser una mujer afrodescendiente, con discapacidad cognitiva, dos veces madre, víctima del conflicto armado y de violencia intrafamiliar y de género; De esa manera, el Estado le quitó la custodia de su hija y le practicó una esterilización forzada.

¿Como participó el VIG en este Sentencia?

El 26 de octubre de 2020 se recibió Oficio en el cual el despacho de la Magistrada Diana Fajardo extendía invitación a la Clínica Jurídica VIG para intervenir en el proceso de referencia. Así, la clínica jurídica remitió concepto el día 10 de noviembre de 2020 aduciendo que en el caso de referencia:

1. No se configuraba carencia actual de objeto por "hecho superado"
2.  Debía realizarse control de convencionalidad
3. Con el actuar del Estado se configuraban hechos de violencia institucional y de género.
4.  No se cumplieron las obligaciones de las entidades prestadoras de salud frente a la violencia sexual.

¿Por qué es importante la Sentencia?

1. Hace un análisis desde la intersecionalidad.
2.  Reconoce que existió violencia institucional contra la mujer por parte de la administración.
3. Tuteló el derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
4. Analizó la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
5. Resaltó el derecho a tomar decisiones autónomas e informadas en materia sexual y reproductiva.
6. Desarrolló el derecho de los menores de edad a tener una familia y no ser separados de ella.

Mediante concepto presentado por la Clínica se solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del artículo 122 de la Ley 599 del 2000 al considerarse un tipo penal que vulnera el derecho a la igualdad, la libertad sexual y reproductiva y el acceso a la salud.

El día 22 de marzo de 2022 el VIG tuvo conocimiento de un caso en el que  un colegio en la ciudad de Bogotá obligó a un estudiante, a la luz de su manual de convivencia, a cortarse el pelo. Esto, siendo una clara vulneración del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y reforzando los estereotipos de género.

El VIG puso en conocimiento de estos hechos a la Secretaría de Educación de Bogotá y al Ministerio de Educación Nacional. De igual manera, se puso de presente al colegio la gravedad de esta vulneración.

Gracias a las acciones adelantadas desde la Clínica se logró que:

• El colegio pidiera disculpas al estudiante.
• Se requiriera al colegio, junto con otros con manuales de convivencia similares, para realizar las correcciones y actualizaciones en sus normativas internas. De no hacerlo, se impondrán las sanciones contempladas en el decreto 1075 de 2015.

Mediante concepto presentado por la Clínica se solicitó a la Corte Constitucional negar las pretensiones del director de cine Ciro Guerra, quien interpuso tutela en contra de las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño por el reportaje “Ocho denuncias por abuso y acoso sexual”.

¿Como participó el VIG en este Sentencia?

La Clínica Jurídica VIG argumentó que el discurso adelantado en el reportaje está catalogado como información de interés público y discurso protegido a nivel internacional y nacional bajo el derecho a la libertad de pensamiento, sin que pueda haber censura, previa o posterior.