Además del problema de la inflación que afecta al país y que la Junta Directiva del Banco de la República se ha enfocado en enfrentar con una sola variable, la tasa de interés, la cual hasta la fecha no ha dado resultado, se va a sumar ahora el déficit fiscal, que puede estar llegando a una cifra cercana a los 100 billones de pesos.
Ante este complejo panorama, llama la atención el silencio que viene guardando al respecto la Contraloría General de la República, según lo advirtió Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, al intervenir en el seminario Gestión, Control y Responsabilidad Fiscal en las entidades públicas.
“Qué importante sería que además de que la Junta directiva del Emisor se dedique al problema de la inflación, la Contraloría General de la República se ocupe del por qué no se ha controlado la inflación y por qué no se está controlando el déficit fiscal”, indicó en el evento que organizó el Colegio de Abogados Rosaristas.
Para el académico, se requiere la pronta intervención del órgano de control para saber realmente cuál es el valor de las reformas estructurales o qué está pasando con un detrimento del erario tan evidente, como la quema de más de 250 mil hectáreas de bosques en la Amazonía, que puede estar valiéndole al fisco su recuperación cerca de 14 billones de pesos.
“Contraloría General de la República: qué importante es utilizar ese mecanismo del control de advertencia en este momento difícil para la economía del país”, dijo Amorocho.
“Con ánimo propositivo, hacemos un llamado respetuoso a la contraloría para que observemos al control fiscal macro como una herramienta fundamental que impulse por caminos de efectividad el cumplimiento dinámico del ciclo planificar, hacer, verificar y actuar”, agregó.
Lo anterior, para obtener los resultados que la carta política solicita, guardando armonía y consonancia con la
finalidad social del Estado y la satisfacción de las necesidades colectivas.
¿Nueva reforma tributaria?
Para el experto, es un anhelo de todos no ver al Estado lleno de ejemplos de irracionalidad administrativa, como es el caso del poder ejecutivo, que presenta a consideración del Congreso reformas estructurales en materia laboral, pensional y de salud sin estimativos y proyección de costos en el tiempo.
Igualmente, prima la improvisación en el proceso de planeación, debido a que no es totalmente clara de manera integral la financiación del Plan Nacional de Desarrollo.
Con la propuesta de financiar el proceso de paz con recursos de emisión primaria, la variable de riesgo va a ser la determinación del déficit fiscal y su financiación, dentro de lo que no se descarta una nueva reforma tributaria en 2024 o en 2025, señaló Henry Amorocho.
Comienza a ser importante que el control de gestión en lo fiscal y la responsabilidad fiscal vayan cogiendo nuevos rumbos en donde el protagonismo lo tome el control fiscal macro y no solo el control fiscal micro basado en el proceso de ejecución.
Según el experto, es positivo hacer un control a los recaudos del sistema tributario en partidas loables como diez, cien y hasta mil millones de pesos. Pero también hay que considerar montos como las desfinanciaciones billonarias del plan de desarrollo, de las reformas estructurales y del presupuesto de 2024.
Tasas de interés, inflación y control de advertencia
Visualizar la inflación solo por la vía del aumento de la tasa de intervención, es una equívoca política monetaria
pública que viene dejando consecuencias negativas en las finanzas públicas y en la desaceleración del crecimiento en la economía, que generarían déficits fiscales cercanos a los $12 billones.
“Sobre este tipo de actuaciones que tanto daño hacen al erario no hay control de advertencia por parte de la
Contraloría General de la República, pese a que las cifras son evidentes: la inflación en 2022 aumentó en 130% y la tasa de interés en 650 %”, señaló Amorocho.
Para el profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, es hora que el control fiscal de
gestión y la responsabilidad fiscal se alineen con la evolución de los hechos económicos, sociales y hacendísticos.
Lo anterior para tener un objetivo y efectivo papel del Derecho del Control fiscal, de la gestión pública y, en
particular, de la responsabilidad fiscal de Colombia, anotó el académico.
