Después de unos meses agitados, por cuenta de las elecciones legislativas y presidenciales, quedó claro, que en Colombia la política está cambiando fuertemente y que la desaparición de la opción de centro de la primera a la segunda vuelta, muestra una nueva correlación de fuerzas ideológicas.

Para nadie es un secreto que el país está cambiando, y con insistencia de habla de la polarización, como una de las principales amenazas contra la estabilidad, la gobernabilidad e incluso la democracia. No obstante, este reacomodamiento de ideas políticas debe entenderse como el producto de la maduración política, y de que a diferencia del pasado, sí es posible reivindicarse ideológicamente, perdiendo el miedo a las estigmatizaciones.
 
¿A qué se debe que por primera vez en muchos años, Colombia haya llegado a una segunda vuelta con dos opciones políticas tan distintas y marcadamente a la izquierda y a la derecha? ¿tendrá efecto alguno en la gobernabilidad semejante nivel de polarización?
 
Las causas para el surgimiento de esta suerte de nuevo bipartidismo o más bien de nueva hegemonía de dos fuerzas, una neoconservadora, y otra progresista se explican en tres niveles. El desprestigio y posterior pérdida de influencia de los dos principales partidos tradicionales, Liberal y Conservador; la irrupción en la política de Álvaro Uribe, que quebró definitivamente el bipartidismo clásico; y los Acuerdos de Paz de la Habana. Dicho de otro modo, el resultado en las urnas, muestra la forma como el país se reacomodó a estos cambios. Valga decir, de todos modos, que se trata de una transformación que bien manejada, puede profundizar la democracia colombiana, y acabar de una vez por todas, con las amenazas de un modelo autoritario.
 
En primer lugar, los dos grandes partidos colombianos, como sucedió con otros en América Latina,  sufrieron en el nuevo siglo por el surgimiento de movimientos sociales, como poderosas plataformas para la participación de la sociedad civil. Por eso con algunas excepciones como el Partido de la Revolución Institucional en México o al Partido Aprista en el Perú, los partidos tradicionales sufrieron fuertes derrotas de las que no han podido recuperarse hasta la fecha. Estructuras en exceso verticales, que le dieron la espalda a las demandas cada vez más urgentes de la ciudadanía, la falta de efectividad en políticas públicas, y haber comulgado en muchos casos, con la idea de Francis Fukuyama sobre el fin de las ideologías, marcaron su ocaso.

En Colombia a estas características, habría que sumar una cuestión histórica, relativa al conflicto armado.  El hecho de que ni liberales ni conservadores, hubiesen podido negociar con éxito con la guerrilla o derrotarlos militarmente (según los diferentes matices ideológicos dentro de cada colectividad) convenció a un sector representativo de colombianos, de que su momento se había agotado, y que era necesario centrar las esperanzas de cambio, en alguien que luchara contra todo el establecimiento político.

Luego de intentos constantes por negociar con las guerrillas desde la década de los 80, y habiendo conseguido el desarme de varios grupos (M19, CRS, Quintín Lame, y PRT, entre otros) en la década de los 90, el Estado mostró absoluta incapacidad o para mantener una política de diálogo constante. Prueba de ello, fueron los cambios de rumbo en la administración de Andrés Pastrana, cuando se pasó de ver a la guerrilla como un actor político cuando se negociaba, a un actor terrorista y narcotraficante a partir de febrero de 2002, cuando se acabó con el diálogo. Qué no decir cuando en pleno proceso constituyente en el gobierno de César Gaviria, éste ordenó atacar el campamento de Casa Verde en el Meta. Bien fuera para la paz o  para la guerra, la inconsistencia del Estado, le otorgó una ventaja estratégica a la guerrilla.   
 
En segundo lugar, la llegada de Álvaro Uribe al poder y su discurso paradójicamente anti establecimiento, para denunciar a toda la clase política tradicional, le dieron un margen de maniobrabilidad, que pocos gobiernos desde el Frente Nacional tuvieron en el país. Aunque esa circunstancia permitió mantener una posición constante frente a a las FARC y ELN durante 8 años, generó profundos desequilibrios en la democracia, que pusieron el régimen al borde de una deriva autoritaria, de no ser por el control de la Corte Constitucional. En varias ocasiones, frenó el aumento desmedido del poder del ejecutivo y acabó definitivamente con la posibilidad riesgosa de una segunda relección, que hubiese pedido dar pie para la inclusión de una indefinida, sinónimo de muerte súbita para el Estado de derecho.
 
Y en tercer lugar, los Acuerdos de Paz de La Habana dividieron el país entre partidarios y disidentes del proceso. Desde el plebiscito por la paz de 2016, la victoria del NO activó la campaña por la presidencia para 2018. Quienes lideraron esa opción, representan hoy una derecha renovada, e incluso fortalecida luego de 8 años de haber ejercido férrea (y a veces desleal) oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. 
 
En la otra orilla, se ve victoriosa a la izquierda reconstruida luego de varias fragmentaciones, tras superar la demanda insistente exterior de desmacarse de la guerrilla. Actualmente, tiene una fuerza inédita para incidir en el futuro. La votación histórica conseguida en ambas vueltas, y especialmente  el hecho de constituir por primera vez, una fuerza progresista que venció los egos para llegar a la segunda vuelta con chances reales, demuestran además que superó el estigma que por años cargó durante el conflicto armado.
 
Que izquierda y derecha compitan en Colombia forma franca y sin recurrir a la violencia, demuestra que el país se encamina a un proceso de convivencia democrática y que la paz que se pactó sí generó frutos. Ahora depende del nuevo gobierno, preservar los equilibrios democráticos y garantizarle a la oposición garantías para el control político, de suerte que desparezcan los argumentos para recurrir a la violencia política.