El Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence y el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario hacen un llamado a las autoridades para garantizar los derechos del pueblo raizal en la Consulta Previa ordenada por Corte Constitucional tras el Huracán Iota.
Después de la victoria de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Nicaragua, raizales de San Andrés piden al gobierno demostrar su voluntad política de ejercer soberanía y hacer verdadera presencia en el Archipiélago.
Líderes del pueblo raizal manifiestan sentirse decepcionados con la falta de compromiso de las autoridades en el proceso de Consulta Previa, sobre la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina tras el paso de Iota, dijo Anamaría Sánchez, supervisora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario.
En los últimos meses se ha venido desarrollando en la Isla de Providencia las diferentes sesiones de la consulta previa ordenada por la Corte Constitucional en la sentencia T-333 de 2022. La orden buscaba la participación de la comunidad en el plan sobre cómo se corregirán las falencias que tuvo la reconstrucción de la Isla de Providencia y Santa Catalina, a raíz de los desastres ocasionados por el Huracán IOTA en noviembre de 2020.
Una vez iniciada la consulta, los raizales se han enfrentado a una serie de irregularidades, que para ellos demuestra el poco interés de parte de las autoridades en garantizar sus derechos, lo que llevó incluso a que se levantaran de las mesas el pasado mes de mayo, indicó Anamaría Sánchez.
La Veeduría Cívica Old Providence, acompañada por su asesor a lo largo del proceso de tutela el Grupo de Acciones Públicas (GAP), han identificado las siguientes falencias en la consulta:
1 - La ausencia de un traductor competente para la traducción al creole de las sesiones, esta es la lengua nativa de la comunidad raizal;
2 - La falta de supervisión por parte de entidades del orden nacional garantes de los derechos de las comunidades en el marco de procesos de consulta previa, como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación;
3 - La ausencia de una voluntad de consultar y negociar con la comunidad, reemplazada por reuniones informativas del Gobierno; la inasistencia de funcionarios con poder decisivo para sentarse a negociar con ellos, entre otros.
Para la comunidad la falta de compromiso y voluntad del Gobierno los ha dejado en desventaja frente a las autoridades encargadas de la reconstrucción y es una nueva vulneración a sus derechos ciudadanos, señaló la supervisora del GAP de la Universidad del Rosario.
Precisamente, la sentencia de la Corte determinó que la Presidencia de la República, los ministerios del Interior y Vivienda, la UNGRD, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, habían vulnerado los derechos de los raizales por no consultar con ellos cómo se reconstruiría la isla. La historia se estaría repitiendo, agregó.
Después del levantamiento de las reuniones en mayo, la comunidad y el Ministerio del Interior acordaron algunos cambios en la ruta metodológica de la Consulta Previa. Así, las autoridades competentes y la Comunidad Raizal tuvieron una nueva reunión el lunes 24 de julio en donde se exigió que, para continuar con la consulta previa, se requiere la realización de una evaluación de impactos que permita a la comunidad tener información cierta de cómo el Plan de Acción Específico para la reconstrucción afecta sus derechos humanos.
La comunidad hace un llamado a que el beneplácito con el que fue recibido el fallo a favor de la soberanía de Colombia en el Archipiélago ante la CIJ se materialicé en un interés real por el bienestar y preservación cultural de sus habitantes.
