Juana es venezolana, y por cuestión de supervivencia hoy vive en Colombia. Llegó a Cúcuta en el año 2016 con su esposo y sus dos hijos, en busca de un mejor presente. Pero se encontró con el rostro cruel de una humanidad para quien ella representaba dos ‘pecados’ imperdonables: ser mujer y ser migrante.

La migración por sí sola encarna un desafío enorme para las sociedades y para quien se embarca en la odisea de ser acogido con garantías en una patria que no es la suya. Pero alcanza mayores proporciones cuando es una mujer quien empaca la vida en una o dos maletas, con la ilusión de encontrar mejores oportunidades en otras tierras. Como Juana, hay 272 millones de migrantes en todo el planeta; de ellos, el 48 por ciento son mujeres, según datos del Informe sobre las migraciones en el mundo 2020, de la OIM. Les ha tocado caminar cuesta arriba contra los estereotipos, las taras, los imaginarios y los prejuicios sociales.

Precisamente, la doble condición de vulnerabilidad que significa ser mujer y ser migrante llevó a la profesora María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a liderar varios estudios que han dado luces sobre este fenómeno.

“Desafortunadamente dentro de nuestra estructura contextual, me refiero a los países no solamente latinoamericanos, sino en general al mundo, todavía hay una estructura patriarcal muy arraigada, ya que en los territorios, especialmente en los países de destino y de tránsito, encontramos conceptos que han tendido a instrumentalizar a la mujer”, señaló la profesora Palacios.

La trata de personas, la explotación laboral, el tráfico de migrantes y la violación de derechos humanos, forman parte de la larga y pesada lista de peligros a los que las mujeres migrantes están expuestas.

“Desafortunadamente, frente al cuerpo de la mujer hay una sexualización; eso nos pasa a las nacionales y a las extranjeras. Pero, claro, cuando uno está en tránsito migratorio, ello se incrementa, porque como hay redes de traficantes, de migrantes o de trata de personas, las mujeres y las niñas son más propensas a ser victimizadas. Ahí hay un factor de vulnerabilidad mayor: la revictimización de la mujer”, enfatiza la experta.
 

“La investigación realizada en cuatro ciudades de Colombia concluye que los derechos que requieren mayor protección son la salud, la regularización, el derecho al trabajo, la alimentación y la educación. El acceso a ellos está fuertemente atado al estatus migratorio”: María Teresa Palacios, investigadora, Facultad de Jurisprudencia.

Sí, se habla de revictimización, teniendo en cuenta que gran parte de las mujeres que salen de sus países ya han sufrido la dureza de las barreras e injusticias por razones de género. “Nosotros encontramos unas dificultades de la mujer en el estado de origen, los problemas que tenemos en nuestras sociedades: desigualdad, por ejemplo, en el acceso al trabajo, falta de equidad y de distribución de roles en las tareas del cuidado y del hogar”, agrega

A ello se le suma en su concepto- que la migración se puede dar por muchas causas: persecución política, persecución étnica, violaciones sistemáticas a derechos humanos. “Ahí encontraríamos a esas mujeres que podrían ser destinatarias, por ejemplo, del refugio”, resalta.

De acuerdo con su análisis, también se puede dar una migración impulsada por condiciones económicas como la de Venezuela donde la precariedad social, la falta de oportunidades y la ausencia de la institucionalidad “conduce a una gran cantidad de vulneraciones a derechos, tanto de hombres como de mujeres.

El caso de Colombia: la ola migratoria venezolana
Colombia ha sido el país que más ha recibido migrantes provenientes de Venezuela. A septiembre de 2020, según datos suministrados por Migración Colombia, en el país se encontraban 1.715.000 venezolanos. De acuerdo con el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos llevado a cabo en 2018, la proporción de mujeres en estos flujos migratorios corresponde al 49,67 por ciento. Este éxodo ha desatado una serie de reacciones sociales e institucionales, y en el escenario las mujeres tienen su propia historia.

Una de las investigaciones lideradas por la profesora Palacios le puso la lupa al caso colombiano. Se trata del estudio titulado La voz de las mujeres en los procesos migratorios: una mirada a la feminización de la migración venezolana, que se adelantó en cuatro ciudades: Bogotá, Cúcuta, Pereira y Santa Marta. A través de talleres, se identificaron escenarios de riesgo, amenaza y vulneración de derechos de mujeres migrantes y sus rutas de protección. Para ello, se utilizaron dos instrumentos metodológicos: el top 5 de derechos y el tarjetón migrante. “Desarrollamos una especie de herramienta que llamamos “el tarjetón migrante”, en el que ellas podían identificar cuáles eran los derechos más vulnerados para ellas, según cada experiencia personal. Tuvimos diferentes tipos de actores: funcionarios de entidades, de organizaciones, con rol de atención a la población migrante…”, explicó la investigadora.

En el marco de esos talleres, se efectuaron entrevistas a mujeres migrantes; fue cuando Juana pudo relatar los pormenores de su estadía en Colombia. Reveló algunas barreras de acceso a la salud y a la educación que se profundizaban dada su situación de indocumentada. Varias de las mujeres que se vincularon a la investigación coincidieron en este punto.

“Hicimos una lectura cruzada de los talleres que adelantamos en las ciudades, tanto con funcionarios, organizaciones sociales y población migrante como con la academia, y observamos que los derechos que requerían mayor atención, mayor protección, eran la salud, la regularización, el derecho al trabajo, la alimentación y la educación, los prioritarios. Llegamos, además, a una de las conclusiones más importantes del análisis: el acceso a los derechos depende del estatus migratorio”, puntualizó la profesora María Teresa Palacios.

Para Xiomara Ramírez, investigadora de la Universidad Simón Bolívar, quien estuvo liderando el estudio en Cúcuta, hay otro factor que pesa sobre las mujeres migrantes y que está atado a esa situación migratoria: la condición socioeconómica. “Nosotros trabajamos en cuatro comunas, dos de estratos 3 y 4; y las otras de 1 y 2. Las barreras son muy diferentes dependiendo del lugar dónde se asentaron. Las mujeres que estaban en estrato 3 y 4 contaban con los recursos para poder desplazarse, o con familiares; ellas pudieron obtener los documentos de identidad que les otorgaban ventajas de un colombiano; no pasaron por tantas penalidades. Por el contrario, la mayoría de las mujeres situadas en estratos 1 y 2 tienen condiciones irregulares, por lo tanto, están trabajando en la informalidad”, expresó la investigadora.

Igualmente, Ramírez corroboró que, en Colombia, como en muchas partes del mundo, el rol de la mujer se asocia con labores de cuidado, domésticas e, incluso, de prostitución. “Por la condición de mujer, muchas veces es más difícil ubicarse laboralmente en determinados sectores, y sus roles están estereotipados”, explicó la profesora Palacios, quien agregó que “en nuestro caso, se vincula a la mujer venezolana con el trabajo doméstico, cuidado de niños o del adulto mayor; de pronto el tema del trabajo sexual, pero difícilmente le van a abrir espacio para otro tipo de ocupaciones, aunque, cabe aclarar, también se han desempeñado en economía informal, en hotelería y en restaurantes”.

A septiembre de 2020, según datos suministrados por Migración Colombia, en el país se encontraban 1.715.000 venezolanos. De acuerdo con el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos llevado a cabo en 2018, la proporción de mujeres en estos flujos migratorios corresponde al 49,67 por ciento.