Los estados en su necesidad, preocupación y prioridad de evidenciar crecimiento económico que de manera sostenida y sostenible pueda generar desarrollo en el paso del tiempo, buscan e identifican los factores o elementos que impiden lograrlo, así como los instrumentos que contribuyan a superar, disminuir o mitigar los impactos de dichos factores, y los mecanismos o herramientas que faciliten el logro de ese propósito, buscando construir caminos “seguros” y propios para alcanzarlo.
 
En el caso de Colombia, particularmente, a través de la historia se ha comprobado que un factor que ha impedido niveles de crecimiento más altos es el conflicto armado. Estudios recientes de Naciones Unidas y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, entre otros, aseguran que “en ausencia del conflicto (sin ataques de la guerrilla), la economía hubiera crecido a tasas del 8% en promedio” (CERAC Centro de Recursos para el análisis de conflictos, 2015). Surgen, entonces, muchas hipótesis a partir de esta afirmación, en el sentido de cuánto hubiéramos evitado creciendo a ese nivel y en dónde estaríamos, en términos de Ranking e indicadores que a veces se quedan cortos como expresión de las realidades palpables, y cuánto hubiera costado evitarlo.
 
Muchos otros estudios lo complementan, lo contrastan, lo reafirman. Y no desde ahora, desde siempre: en 2003, se publica la tesis de la Universidad de los Andes, Conflicto interno y crecimiento económico en Colombia, utilizando información trimestral de 1988 a 2001 (Vargas, 2003); en 2005, Stephanie Álvarez y Angélika Rettberg, de la Universidad de los Andes, presentan un interesante estudio sobre los efectos económicos del conflicto (Álvarez & Rettberg, 2008); en 2006, Germán Valencia escribe sobre La economía frente al conflicto armado interno colombiano en el período 1990-2006 (Valencia, 2006); más recientemente, en 2011, Fedesarrollo publica el libro Efectos de la política de seguridad sobre el crecimiento económico en Colombia 1990 - 2006 (López, 2011). Estos por solo citar algunos como elementos de análisis que permiten corroborar la importancia del tema y la inevitable relación entre crecimiento económico y conflicto armado y la preocupación constante por entenderlo y manejarlo cada vez con mejores herramientas.
 
Pero, en sentido propositivo, la lectura sería qué hacer para lograrlo en un escenario de posconflicto; porque no es poniendo salario permanente a los reinsertados como se piensa que se manejará dicho fenómeno, sacrificando otros rubros del presupuesto con prioridades quizás más sentidas para muchos, sino encontrando alternativas reales para hacerlos productivos y aportantes y no una carga más, adicional al costo social de Colombia y sus regiones.
 
Evidenciar esto, entonces, debe ser un reto desde la política, a través de los Planes de Desarrollo Nacionales, Departamentales y Municipales de los próximos periodos. Pero no es solo el Estado quien tiene responsabilidad de reivindicarse en este compromiso y obligación con las generaciones anteriores de 60 años de conflicto con las FARC-EP, sino también con las generaciones actuales y las futuras que tendrán no solo que aprender a vivir sin conflicto, sino a desacostumbrarse a vivir en conflicto. Porque el posconflicto hay que entenderlo, más allá de una tendencia o una moda, como el escenario que no solo tendremos que recrear y ayudar a construir, sino del cual responsabilizarnos, apropiarnos y aportar por muchos años y generaciones. Por eso hay que conocerlo, identificando la vocación productiva de cada sitio para recuperarla con tecnología, aprendizaje, gestión del conocimiento; pero también para potencializarla con una visión prospectiva articulada a los tratados de libre comercio, los acuerdos de promoción y protección a la inversión, etc., que permita aprovecharlos y generar crecimiento económico, a partir de ellos, con una visión de largo plazo.
 
Será nuestra propia visión e interpretación del desarrollo la que pese entonces en las generaciones actuales y futuras, porque ya no será la adaptación de modelos extraños, extranjeros e impuestos a la que tengamos que adaptarnos, sino que será la que refleje nuestros sueños, pero también nuestras necesidades y lo que seamos capaces de hacer para alcanzar unos y resolver las otras.
 
Son muchos actores los que se identifican en este escenario de posconflicto, el estado alrededor del que debe orbitar la política económica, pero también la política social y la política exterior, ya no para visibilizar e internacionalizar el conflicto sino para hacer sostenible, mantener la paz y construir sociedades más incluyentes y equilibradas que no son un lastre quejumbroso, sino una unidad productiva que aporta al crecimiento económico no solo de las regiones, sus regiones, sino del país entero. Pero, también desde la sociedad civil se encontrarán los líderes locales que deben ayudar en esa construcción colectiva de región y de Colombia, como académicos, pero también líderes sociales, indígenas, entre otros.
 
En el exterior, los organismos internacionales, los expertos en conflicto, los filántropos, las organizaciones no gubernamentales, etc., que sin duda se comprometerán y estarán listos para hacerlo, los que aún no lo han hecho, para aportar a esa sociedad en paz que anhelamos todos y para la que hay que estar preparados, no con certificaciones sofisticadas y títulos rimbombantes, sino con voluntad y sensibilidad social desde la propia experiencia y experticia de cada uno.
 
El fin del conflicto está cerca, en eso debemos creer todos, a eso debemos apostarle todos. Es una consigna y una verdad de a pulso. Y muchos se preguntan cómo se financiará ese fin del conflicto o el Posconflicto. Indudablemente requerirá el esfuerzo de todos, en muchos sentidos y dimensiones, pero hay dos fuentes importantes de recursos, no solo financieros, sino técnicos y humanitarios. Por un lado el presupuesto nacional y, por el otro, la cooperación internacional. En el primer caso, se asignará por rubros de acuerdo con el presupuesto que apruebe el Congreso para cada periodo, y respaldados en documentos CONPES, seguramente justificados debidamente por estudios previos. Pero el que es más importante por lo que significa, tanto social como políticamente para el país, su política exterior y su propio rol dentro del sistema internacional[EGSR1] , es la cooperación internacional, por lo que resulta muy interesante analizar lo que eso significará no solo en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo.
 
Antes de explicar e identificar los factores clave para entender y aprovechar la cooperación internacional, es importante entender para qué se requerirán recursos en el posconflicto. El posconflicto, debe entenderse como lo que abarca “recuperar” todas las zonas afectadas por el conflicto armado con las FARC-EP, no solo desde lo civil y los temas de seguridad ciudadana, pasando por los temas de seguridad humana, sino desde lo político, lo económico, pero sobre todo lo que genere y pueda generar cohesión social. Y lo que genera cohesión social es todo aquello que pueda recuperar la vocación productiva de las regiones y los municipios de Colombia, para mejorar las condiciones de vida existentes, generando mayor bienestar, haciéndose competitivas para que se produzca en condiciones que faciliten la inserción internacional y el posicionamiento de estos productos, para articularse a la política comercial del Estado y puedan promoverse a través de los mecanismos de compensación existentes, como el comercio justo que reivindica valores sociales y ambientales desde lo económico, entre otros instrumentos potencializadores de riqueza que, con el paso del tiempo, permitan mayor crecimiento económico, a través de la especialización de las regiones y de la construcción prospectiva de lo que queramos hacer de cada una de ellas, sin perder de vista las implicaciones y los impactos sociales, ambientales y de identidad cultural de las mismas.

¿Por qué la cooperación internacional se convierte en una opción de vital importancia, en este escenario del posconflicto? Porque convoca y aglutina múltiples recursos, con distintas motivaciones, pero con un solo objetivo, mejorar las condiciones y los entornos existentes para hacer más competitivas y productivas las regiones. Lo cual redundará en mayores beneficios, por obtener mayores ingresos que no solo se multiplicarán con el tiempo, sino que evidenciarán de manera efectiva desarrollo y calidad de vida.
 
Pero ¿cómo acceder a ella, qué proponerle, cómo encontrarla? Pues en medio de todos los caminos para lograrlo, lo más importante es saber que existe en la mayoría de los países, siendo donantes los de mayores posibilidades, y receptores los de menores posibilidades. Los de mayores posibilidades son los países industrializados; los de menores posibilidades serían el resto, pero resultan demasiados. ¿Cómo los priorizan entonces o cómo saber que somos sujetos de cooperación internacional? Lo primero es saber que existe una Agenda Internacional donde se identifican los problemas comunes de la humanidad, y de la que finalmente todos somos responsables en mayor o menor medida, y por lo tanto, debemos aportar para encontrar salidas o soluciones para esos problemas comunes. Esa Agenda tiene recursos, que en su mayoría provienen de cooperación internacional, asignados a través de fondos por los países con mayores posibilidades y con experiencia, aprendizaje y gestión del conocimiento para los que no tienen muchas posibilidades financieras, pero sí buenas prácticas que impidan repetir situaciones de alto impacto para la Agenda Internacional. Son asignados de acuerdo con la proporción, la prioridad de la necesidad y el impacto que genere internacionalmente no resolverlo localmente.
 
En el escenario en el que el principal motivador para ser sujeto de recursos de cooperación internacional es la pobreza, Colombia no sería prioritaria para esa Agenda Internacional. Porque, a pesar de que la pobreza es rampante y en aumento en Colombia, para la cooperación internacional la pobreza es ausencia de posibilidades de acceso y no carencia de recursos, como la interpretamos todos. De modo que, en ese contexto, de acuerdo con la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, Colombia es un país de renta media (Blanco Rangel, 2014) y no tiene tantas necesidades ni requerimientos para disminuir la pobreza como muchos otros países de África  y otras latitudes.
 
Aunque de manera directa no podamos acceder por niveles de pobreza, sí podemos hacerlo por ser un país con una larga tradición de conflicto, el cual se ha convertido en el principal generador de pobreza e impacto por muchas generaciones. Esa es la clave para acceder a dichos recursos de manera no solo efectiva, sino asertiva. Por eso, en un escenario de posconflicto, tendríamos toda la motivación para acceder, porque sería por razones humanitarias que conducen a la pobreza. Pero también por disminución de posibilidades de acceso que genera pobreza, en aspectos de la vida social de las regiones y poblaciones vulnerables y afectadas de manera directa e indirecta por el conflicto, tales como educación, vivienda, salud, bienestar, lo cual no solo afecta la calidad de vida, sino que disminuye los niveles de productividad y competitividad de las regiones y, por tanto, el crecimiento económico, vulnerando así las posibilidades de desarrollarse de manera sostenida a largo plazo.
 
Lo interesante es que existen ejemplos para mostrar de la influencia de la cooperación internacional en el mundo y en Colombia como alternativa de recuperación del conflicto, pero también, como opción real para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo desde lo local y regional. En 1989, Esther Barbé escribe un interesante artículo sobre cooperación y conflicto en las relaciones internacionales (Barbé, 1989), que refleja la evidente relación entre cooperación y conflicto como alternativas de relacionamiento de los actores dentro del sistema internacional.

En el libro Cooperación y conflicto, publicado en 2007 (Steinberg, 2007), se resalta la evidencia de la influencia de la cooperación internacional en la resolución de conflictos desde la construcción de opciones para crecer desde las regiones potencializando las condiciones de su vocación productiva. Pero también, en 2007, se publica en Colombia el artículo La cooperación internacional: alternativa interestatal en el siglo XXI (Ripoll, 2007).
 
En Colombia y en el mundo, más allá de los análisis teóricos, existen publicaciones que documentan la participación de los organismos internacionales y otros actores conexos en proyectos de cooperación internacional, contribuyendo a la resolución de conflictos. Los laboratorios de paz de la Unión Europea en el Magdalena medio son un claro ejemplo de ello (Castañeda, 2009), igual que las iniciativas locales a través de las Agencias de Desarrollo Local, ADEL, y las opciones para contribuir con los impactos sociales del desplazamiento forzado (Muguruza, 2010).
 
De modo que, a manera de conclusión, la tarea es identificar por un lado las necesidades, perspectivas y expectativas de las regiones de Colombia; pero también sus posibilidades, frente a los perfiles y prioridades de las agencias y demás organismos de cooperación internacional, para cruzar información y poder participar de las convocatorias y aprovechar los recursos, para que con efecto multiplicador, resuelvan situaciones coyunturales de las regiones y municipios de Colombia y puedan generar entornos favorables para la inversión a largo plazoque faciliten el crecimiento económico y el desarrollo de las mismas, desde la propia visión local de los territorios, de manera prospectiva.
 
El posconflicto no es, entonces, una moda ni una tendencia, sino que se ha convertido en ese eje de análisis que nos cautivará por mucho tiempo, pero también de prioridad de Agenda que ha sido avalado por muchos gobiernos y organismos internacionales y que ha convocado muchas voluntades políticas, económicas, ambientales y sociales y que no nos corresponde sino apropiarnos para generar tejido social y sostenibilidad en el desarrollo.
 
Cada uno debe, por tanto, asumir su rol y sus responsabilidades para aportar y construir esa Colombia que soñamos y anhelamos todos y que es, nada menos, la que permite nuestro diario vivir.

Bibliografía

Álvarez, S., & Rettberg, A. (2008). Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano. Colombia Internacional, 14-37.
 
Barbé,  E.  (1989).  Cooperación  y  conflicto  en  las  relaciones  internacionales  (La  teoría  del régimen internacional). Revista CIDOB d'afers internacionals, 55-67.
 
Blanco Rangel, I. &. (2014). Memorias de evento, III seminario internacional de cooperación: el papel de los países de renta media en la cooperación internacional. Cali: Universidad San Buenaventura.
 
Castañeda, D. (2009). ¿Qué significan los laboratorios de paz para la unión europea? Colombia internacional, 162-179.
 
CERAC Centro de Recursos para el análisis de conflictos. (20 de Noviembre de 2015). CERAC Centro de Recursos para el análisis de conflictos. Recuperado el 20 de Noviembre de 2015, de CERAC Centro de Recurso para el análisis  de conflictos: Cerac.org
 
López,  L.  (2011).  Efectos  de  la  política  de  seguridad  sobre  el  crecimiento  económico  en Colombia 1990-2006. Bogotá: Fedesarrollo.
 
Muguruza,  C.  C.  (2010).  Desplazamiento  en  Colombia: prevenir,   asistir,  transformar: cooperación internacional e iniciativas locales. Madrid: La Carreta.
 
Ripoll,  A.  (2007).  La  cooperación  internacional: alternativa  interestatal  en  el  siglo  XXI.
Revista de Relaciones Internacionales, 67-83.
 
Steinberg, F. (2007). Cooperación y conflicto. Madrid: Ediciones Akal.
 
Valencia, G. (2006). La economía frente al conflicto armado interno colombiano, 1990-2006.
Perfil de Coyuntura Económica, 141-174.
 
Vargas,  J.  F.  (2003).  Conflicto  interno  y  crecimiento  económico  en  Colombia.  Bogotá: Universidad de los Andes.