No parece el mejor momento para Gabriel Boric, quien llegó a la presidencia en Chile con el impulso de las protestas masivas de 2019 y el movimiento subsiguiente que promovía la redacción de una nueva constitución. Con el significativo triunfo del “rechazo” en el plebiscito constitucional de septiembre, el país entró en una era de desconcierto e incertidumbre a la que se agrega una suerte de encrucijada política constitucional resumible en el siguiente cuestionamiento ¿cómo interpretar el resultado teniendo en cuenta la voluntad anterior de cambio?

El largo camino del plebiscito rechazado en las urnas comenzó con las manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera en 2019, por el alza en los precios del transporte masivo en Santiago. Lo que inició como un estallido social, es decir, inmediato y con efectos en el corto plazo, se terminó por convertir en un movimiento social de largo aliento que pasó de la reivindicación pasajera de impedir el alza de tiquete de los precios del metro, a una refundación del conjunto del establecimiento chileno: ¿cómo se llegó a semejante escenario?

En primer lugar, se debe mencionar que la transición a la democracia en Chile se hizo bajo la tutela del gobierno de Augusto Pinochet En la consulta popular de 1988, se decidió convocar a elecciones, con lo cual se abrió el camino para la exitosa transición y posterior consolidación democrática chilena. Sin embargo, se mantuvo la carta magna de 1980 aprobada para sacralizar establecimiento post golpe de 1973.

En segundo lugar, es importante recordar que la constitución vivió varias reformas que intentaron actualizar sus contenidos, de acuerdos con los cambios generacionales de la sociedad chilena y para despojarla de algunos de los vestigios del poder del entonces dictador. Aun así, sigue manteniendo para muchos chilenos un contenido anacrónico, neoliberal y necesita, por tanto, desaparecer y no simplemente ser reformada.
 

Gabriel Boric - De Gobierno de Chile, CC BY 3.0

Y, se ha tenido una postura crítica respecto a la imposibilidad de los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet de lograr una reforma más ambiciosa, esto muy a pesar de que el primero logró un cambio fundamental a través de una consulta.  De manera silenciosa y no expresa, ha hecho carrera la idea de fracaso en los procesos de la centroizquierda chilena, cabeza de la transición, para profundizar la democracia.

El hastío frente a una supuesta o real incapacidad de cambios refundacionales llegó a niveles históricos con las movilizaciones de 2019 y las subsiguientes presiones para una consulta constitucional en el gobierno impopular de Sebastián Piñera. En octubre de 2020 las movilizaciones parecieron encontrar su punto más álgido logrando la mayor votación histórica desde que no fuese obligatorio (2012) con una participación cercana al 61%, en uno de los Estados más democráticos de América Latina, pero con niveles de abstención muy por encima del promedio de la zona.  En este esfuerzo histórico de coordinación y en el que voto se descantaba fácilmente por la idea de cambio sin muchas consideraciones políticas. A pesar de aquello, la energía y la inercia del momento histórico se disiparon.

Al año siguiente en las elecciones para la elección de miembros a la Convención Constituyente (asamblea constituyente) la votación cayó en más de diez puntos, y posteriormente, Boric terminó siendo elegido gracias a su acercamiento a los sectores de centro y no necesariamente a la base que lo convirtió en cabeza visible del movimiento reformista.

El gobierno empezó con la idea de que no sería prudente adelantar ninguna reforma significativa ni grandes proyectos, hasta que se tuviera certeza de la aprobación del texto constitucional. La estrategia no funcionó y Boric pagó caro el mal cálculo. La parálisis en el gobierno y los nombramientos de personas cercanas al establecimiento, provocaron un debilitamiento de la base popular que lo había acompañado como líder estudiantil, congresista, candidato y ahora presidente.

Murales pintados tras las protestas de 2019 en Chile - De Rocío Mantis - Trabajo propio, CC0

Preocupado por los sondeos que indicaban una derrota en las urnas, el mandatario chileno reaccionó adelantando algunos trámites legislativos para poner en marcha programas emblemáticos como un subsidio a adultos mayores, pero la decisión fue adoptada tardíamente y la capacidad de reacción ya estaba seriamente averiada.  A medida que se acercaba septiembre, Boric resignado aclaraba con más frecuencia que, incluso con un triunfo del “rechazo” insistiría en el camino hacia una nueva constitución.

La derrota que se consumó el 4 de septiembre, sin embargo, fue amortiguada por dos factores.  El hecho de que el oficialismo diera por descontando desde mediados de año que el fracaso era inevitable había allanado el camino para distintas alternativas. El resultado fue la simple confirmación de una tendencia fácilmente rastreable, solamente una sorpresa o “batacazo” hubiese podido cambiar el rumbo.  En ese sentido, el golpe fue menos dramático que el sufrido por el oficialismo colombiano en el plebiscito por la paz en 2016 pues existía convencimiento del triunfo del “sí”.  Fue evidente que la administración de Juan Manuel Santos, no disponía de plan alternativo como el mismo presidente lo reconoció.

Boric dispone aún de tiempo pues su mandato de cuatro años apenas comienza. Esto le deja tres años para buscar consensos y avanzar en una reforma constitucional que responda al clamor popular expresado en las urnas en el plebiscito de octubre de 2020 pero matizándolo con el reciente resultado. Con este margen relativamente amplio en tiempos, pero estrecho en consensos a Boric le restan tres caminos. Concretar el cambio por la vía más expedita, esto es apelando al Congreso para la aprobación de leyes que flexibilicen el acceso al aborto, el reconocimiento de la pluracionalidad y un marco de mayor regulación e intervención del Estado en la economía. Esta implicaría abandonar su principal mandato y dejar en el aire la esperanza de cambio con la que resultó elegido. También puede reformar puntualmente la constitución actual para incluir algunos de los temas que generan mayor consenso y dejar para la discusión aquellos donde la polarización sea evidente. O, bien podría convocar otra Convención que redacte una constitución más adaptada a las expectativas teniendo como gran novedad una mayor participación del centro e incluso de sectores críticos del proceso.

Nada parece sencillo para este Chile que, al igual que otros países de América Latina, se enfrenta a la necesidad inaplazable de cambio, sin saber, no obstante, cómo concretarla.

Mauricio Jaramillo Jassir (Profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la U. del Rosario) @mauricio181212