¿Cómo podemos lograrlo? ¿Nuestro marco legal, nuestras instituciones y la sociedad civil del país están preparados para aceptar un desarrollo diferente al que conocemos?

Gloria Amparo Rodríguez es abogada, profesora e investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y magistrada del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su opinión, “necesitamos repensar el modelo de producción y ver otras alternativas para el desarrollo. Tenemos un país con un significativo patrimonio natural y un marco normativo muy importante que debemos proteger. Ahora requerimos tener un sistema ambiental fortalecido,con una institucionalidad consolidada, con organizaciones sociales igualmente sólidas y con un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que cuente con recursos, no solamente de personal especializado, sino también económicos que posibiliten su gestión”.

En el marco jurídico, Colombia ha ratificado en el Congreso diversos tratados internacionales sobre el clima y otras importantes temáticas, excepto el de Escazú, un instrumento fundamental en el proceso de educar a toda la ciudadanía en el abordaje de las consecuencias del cambio climático. El Acuerdo de Escazú tiene por objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y dentro del marco de un desarrollo sostenible”.

El Acuerdo fue firmado por 24 países de la región y hasta el momento lo han ratificado en sus respectivos congresos únicamente 12. El pasado mes de junio el Congreso colombiano frenó la implementación del Acuerdo al presentar problemas de trámite. Sin esa ratificación no se puede poner en marcha ninguna actividad que esté relacionada con el compromiso firmado con el resto de los países de la región.

 “Las normas buscan solucionar situaciones y el derecho ambiental busca regular la relación de los seres humanos, incluyendo sus actividades productivas e institucionales, con el ambiente”, explica Rodríguez. “El derecho debe responder a una realidad, al deterioro ambiental, el de nuestros recursos, y al aumento del riesgo en el cual vivimos para lograr que la protección del entorno permita mejores condiciones de vida para las presentes y futuras generaciones”.

Rodríguez agrega que no implementar el Acuerdo de Escazú va en la dirección contraria hacia donde el país, con sus normativas y acciones, busca dirigirse. “Es preocupante que esto pase cuando la ratificación del Acuerdo de Escazú significa la progresividad de los derechos de acceso en Colombia, es decir, el derecho a la participación, a la información y a la justicia ambiental. No tiene sentido ir en contra de un acuerdo que permite enfrentar los conflictos relacionados con el entorno, menos en un momento en el cual los efectos del cambio climático afectan de manera tan contundente nuestros propios recursos y comprometen la vida de las personas”.

Incluso en este caso es difícil convertir lo consagrado en las disposiciones ambientales, “lo firmado”, en realidad. Esta es una evidencia de la diferencia esencial entre la creación de la norma y su aplicación: la diferencia entre policy y politics a la que Matías Franchini hizo alusión (pág. 39).

La dificultad de establecer un diálogo entre los defensores de posiciones diversas es un obstáculo adicional. “Este es uno de los grandes problemas que tenemos que solucionar, la falta de coordinación entre la misma institucionalidad, y entre esta y las expectativas sociales de las regiones”, explica Rodríguez. “Por ejemplo, aquí pasan cosas como que la autoridad ambiental toma la decisión de crear un parque nacional natural y la autoridad minera otorga un título de explotación en ese mismo parque. Estamos convencidos de que debe haber un diálogo real interinstitucional y, además, con las comunidades para poder avanzar hacia la sostenibilidad que posibilite una la protección ambiental como lo establece nuestra carta política".