Los desafíos son entonces inmensos. En este momento son dos los grandes acuerdos y compromisos internacionales que guían las decisiones y las acciones del país en la lucha contra el cambio climático: el Acuerdo de París y la Agenda 2030 (para Colombia serán tres cuando el país ratifique el Acuerdo de Escazú firmado en diciembre de 2019 y que entró en vigor el pasado 22 de abril). Además, el reciente ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) aumentará la presión por cumplir los 17 ODS adoptados por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015 y que son parte de la Agenda 2030.

La profesora Lina Muñoz Ávila es abogada y doctora en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Ella dirigió el proyecto llamado Perspectivas de la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia a la luz del Acuerdo de París sobre cambio climático, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y en el cual participan, entre otros, el profesor Manuel Restrepo y los investigadores pre doctorales Estefanía Acosta y Sebastián Senior por parte del Rosario, junto con el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal).

Esta investigación comprende, por un lado, la Agenda 2030, que, aunque no es un acuerdo vinculante, sí ha sido aceptado por los países como una hoja de ruta para el desarrollo y está ayudando al país a organizarse en temas institucionales y normativos. Y por el otro, el Acuerdo de París, que sí es jurídicamente vinculante ya que compromete la responsabilidad del Estado.

La profesora Muñoz dice que “hoy en día, seis años después de que se iniciaran los trabajos de dichas agendas, necesitamos ver cómo en un país como Colombia podemos crear sinergias entre las mismas, cuáles son las circunstancias nacionales que facilitan o impiden ese cumplimiento y cómo hacemos más eficiente y coordinada la tarea del país”.

“Aunque Bogotá es un lugar importante para leer la agenda contra el cambio climático, pues es desde allí de donde salen todas las directrices generales, necesitamos la mirada de las realidades territoriales, por lo que nos propusimos trabajar además en Barranquilla, Medellín y Cali”, explica Muñoz. “En estas ciudades hicimos unos talleres con representantes de los gremios y del sector privado, de entidades del Estado, de los municipios y de la sociedad civil, como la academia y las ONG. A todos ellos les preguntamos qué factores consideraban que obstaculizaban o promovían la implementación de dichos acuerdos”.

Muñoz explica que “el objetivo del proyecto era decirle al país, de forma cualitativa y cuantitativa, cuáles son las oportunidades para trabajar más a fondo. Por ejemplo, en octubre de 2020 la Cepal presentó el modelo de las tres brechas, que busca que los países superen el gran reto de implementar el desarrollo sostenible impulsando la economía del país mientras se protege el medioambiente”.

El modelo expresa las crisis del sistema internacional en el ámbito social, ambiental y de sostenibilidad. Así , la pregunta de fondo es: ¿cómo puede haber sostenibilidad en una zona en donde impera el lento crecimiento, la progresiva desigualdad y la emergencia ambiental? “Este es un desafío gigantesco”, continúa Muñoz. “Nuestro proyecto aplicó el modelo de la Cepal por primera vez y ya hay una primera propuesta que servirá como modelo para otros países de la región”.
 

 

Los resultados del estudio fueron contundentes. Dentro de los principales fenómenos obstaculizadores encontrados está la corrupción (según el índice de corrupción de Transparencia Internacional de 2020, Colombia ocupa el puesto 92 entre 180 países).
 

“Las prácticas corruptas en la gestión pública generan siempre entornos que amenazan la democracia y el presupuesto público, un presupuesto que podría invertirse, entre otros, en la lucha contra el cambio climático”.

Otro obstáculo es la pobreza. Según datos del Dane de 2021 el 15,1 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria extrema, y estas personas son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, el cual tiene un efecto multiplicador de las amenazas que los aquejan de manera diaria.

La COVID-19, a su vez, también ha hecho que casi todas las áreas del derecho en el país, incluida la ambiental, hayan tenido que reaccionar a sus efectos: los estados de excepción creados por el gobierno, la reforma tributaria necesaria para atender la urgencia económica, las leyes del trabajo para paliar los efectos del cierre de negocios, la protección de derechos individuales durante las cuarentenas y la necesidad de poner el medio ambiente en el corazón de la recuperación económica pospandemia.

Y el conflicto armado es claramente un factor obstaculizador, pues “hay zonas del territorio que están sin presencia del Estado y muchas bajo el control de grupos ilegales. En varios municipios aún es una utopía pensar en la implementación de los ODS”.

El factor habilitador más votado por los participantes fue el de la educación y la cultura ciudadanas desde etapas tempranas en niños, niñas y jóvenes. “Los participantes dijeron que si las niñas, los niños y los jóvenes no tienen claro qué es el cambio climático, cómo les afecta y cómo se puede enfrentar, será muy difícil que los adultos en los que se convertirán tomen acciones eficaces , las que nos pide el planeta en este momento”, aclara Muñoz. “Incluso, gran parte de los colombianos desconoce qué son los ODS y qué consecuencias tendrá la crisis climática; todo ello sigue siendo del dominio de una élite muy selecta que tiene acceso a ese conocimiento”.

Otro factor facilitador es la democracia ambiental, algo que el Acuerdo de Escazú lucha por implementar. “En nuestro proyecto dedicamos un capítulo a mostrar como la ratificación e implementación de Escazú, a través de los derechos de información, participación y justicia en asuntos ambientales, es un potencializador de otros compromisos internacionales del país”, continua Muñoz. “Encontramos que al haber más información hay mayor transparencia -algo que ayuda a combatir la corrupción-, y también que cuando hay una mayor participación, se promueve la creación de confianza entre los distintos actores nacionales”.

Lograr la efectividad de las normas existentes y corregir aquellas que ya existen se suma a los facilitadores. Y por último, el fortalecimiento de capacidades en desarrollo sostenible y cambio climático, “no solo en las nuevas generaciones, sino también en el funcionariado público y en el sector privado. La ignorancia y la desinformación sobre el trascendental tema se da en todos los ámbitos y edades”. Este punto es clave para luchar contra la descoordinación y desarticulación entre nuestras entidades, entre un modelo de gestión que es burocrático, que está muy segmentado, donde no hay una participación o un diálogo interinstitucional permanente.