En 2015, Ecuador vivió un intenso debate por cuenta de la incertidumbre acerca de la eventual candidatura de Rafael Correa para las presidenciales de 2017, y adelantaba una reforma a la Constitución de 2008 para incluir la relección indefinida. Situación que pondría al país a la par de Cuba y Nicaragua como únicos Estados de la región con esa excepcionalidad. Sin embargo, antes de finalizar el año el gobierno anunció que el presidente desistía como candidato al 2017, a la vez que hizo público una serie de enmiendas constitucionales que modificaban una vez más el mapa institucional ecuatoriano. Posteriormente, fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, equivalente del Congreso. Como era de esperarse la iniciativa cayó mal en la oposición, pues entre las quince propuestas aparece la relección indefinida, con una característica de la mayor relevancia: no aplicaría para las próximas elecciones de 2017, con lo que el presidente da a entender que no se trata de normas hechas a su medida o a la del gobierno. 

La disidencia ha interpretado esto como un cálculo para que Correa desaparezca de la escena ecuatoriana en los próximos años, para volver en 2021 con la posibilidad de relegirse indefinidamente. ¿Es esto deseable para la democracia ecuatoriana? ¿Resulta viable desde el Estado de derecho, premisa fundamental de la democracia?
Varios factores merecen ser tenidos en cuenta, para un análisis de la compleja situación. En primer lugar, es llamativo que el gobierno haya decidido pasar por el aparato legislativo, y no por consulta popular para aprobar las enmiendas que incluyen, además de la relección indefinida, la posibilidad de que gobiernos autónomos acudan a consultas populares, la conformación de regiones para ahondar la descentralización, cambios en la contraloría y defensoría del pueblo, y en la reducción de la edad como requisito para ser presidente a los 30 años, entre otros. 

Es paradójico, pues hace unos años se pensaba que una reforma como la relección indefinida, sólo sería posible apelando al constituyente primario mediante una consulta. En Bolivia, Ecuador y Venezuela el llamado constante a elecciones, constituye un motivo de crítica contra la izquierda, pues se considera que es una forma de aceitar desde abajo y desde las mayorías el autoritarismo. Pero precisamente, la oposición ecuatoriana ha fustigado a Correa por no consultar popularmente a los ecuatorianos acerca de la relección indefinida, y pasar por el congreso.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el corresimo tendría prácticamente asegurada la victoria en 2017. Claro está, si finalmente el ex vicepresidente Lenín Moreno, decide presentarse pues aventaja a sus rivales Guillermo Lasso, Mauricio Rodas, y Jaime Nebot en al menos 10 puntos y hasta en más de 20.  Por ende, habría que preguntarse si Rafael Correa podría tener vigencia y popularidad habiendo transcurrido 14 años de su revolución ciudadana. Es probable que su proyecto sufra el desgaste natural de ese período tan extenso, especialmente en los años que vienen con un precio del barril del petróleo muy inferior al que permitió la inversión social y en infraestructura que cambió al país. 

En tercer lugar y más allá de las posibilidades que tenga el corresimo o Rafael Correa de seguir como presidente después de 2021, el debate vuelve a sugerir la necesidad de contar con parlamentos o congresos más fuertes y que estén en capacidad de hacer contrapeso al ejecutivo. Se debe recordar que en los regímenes parlamentarios, quienes ejercen como cabeza del gobierno se pueden relegir indefinidamente, pero en cambio el legislativo tiene potestades para limitar al ejecutivo. No sería raro, que después de los éxitos de la izquierda en Bolivia y en Ecuador se reviva el debate sobre la eventual viabilidad del parlamentarismo como único sistema capaz de mantener gobiernos exitosos, pero que deben estar sometidos a un control.

En medio del álgido debate que le espera a los ecuatorianos este año, se esperan duros recortes como consecuencia de la caída de los precios de los hidrocarburos. Aunque el hecho golpeará, sin duda, el musculo financiero de la administración Correa  (ya se ha anunciado una reducción de 700 millones de dólares), el cambio de la matriz energética que incrementó la autonomía, la competitividad que da cuenta de mejoras sustanciales, y los activos en materia de reducción de pobreza y concentración de la riqueza permiten entrever un apoyo popular, que le seguramente le otorgará la potestad de cambiar irreversiblemente el sistema político. Ojalá y si esto ocurre sea en consonancia con la democracia.