Bogotá, 17 de Abril de 2020. Recientemente la Corte Constitucional se abstuvo de fallar una demanda de inconstitucionalidad que pretendía que la exoneración que permite a las mujeres trans no prestar el servicio militar, acogiera también a los hombres trans. La Corte encontró que la demanda era “inepta” por no cumplir con los requisitos de forma que se exige a este tipo de demandas.
El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario trabajó durante 3 años en una acción en contra de la misma norma, por lo que al saber de este proceso, le hizo seguimiento. Se encontraron una serie de deficiencias en la demanda relacionadas con la ausencia de ciertos requisitos vitales para un análisis constitucional de fondo y en el proceso se comprobó que la accionante era una estudiante de derecho que presentó la acción como una tarea.
El GAP lamenta, como lo ha hecho la Red Colombiana de Clínicas Jurídicas, las prácticas poco éticas de los docentes que piden a sus estudiantes presentar acciones de inconstitucionalidad como tarea para una clase, lo que trivializa la importancia y alcance de la figura y congestiona el sistema judicial.
El efecto más lamentable recae sobre los grupos vulnerables, que esperan defender sus derechos a través de acciones como esta, pero cuando son ejercidas sin el rigor necesario, realmente terminan afectados, pues la constitucionalidad de una norma no puede volver a ser estudiada si ya existe una sentencia de fondo, lo que impide futuras acciones en contra de leyes que afectan sus derechos.
El GAP invita a las facultades de derecho a revisar que sus actividades académicas y requisitos de grado formen en los futuros abogados un ejercicio responsable y ético de la profesión, que tenga como prioridad la protección de poblaciones vulnerables y enseñe la importancia de hacer un uso serio de las acciones judiciales para no desnaturalizar su alcance.
