Hace tres años fue entregado al Consorcio Parques de San Andrés el contrato para la reestructuración del parque, reparación de los toboganes, equipos de bombeo, instalaciones hidráulicas y elementos de seguridad en las piscinas, el cual manifestaba que para el mes de febrero de 2016 se entregaría la obra completamente terminada, pero no es sino hasta 2018, y con motivo de celebrar el día del niño, que se hace la apertura del Sunrise Park. Sin embargo, el 20 abril de ese año se evidencia que el parque se encuentra de nuevo con sus puertas cerradas.
El GAP de la Universidad del Rosario decidió formular dos derechos de petición a la Gobernación de San Andrés, con el fin de dar continuidad a su labor de protección de los derechos de la comunidad y la defensa del medio ambiente, que ya había trabajando en el marco de una acción popular previa. En el primero, la Gobernación respondió que: “El parque se abriría de martes a viernes en las tardes y los fines de semana en jornadas de 10 de la mañana a 5 de la tarde”. Aun así el lugar no abrió sus puertas de nuevo. Es entonces cuando el GAP instaura un segundo derecho de petición y la respuesta que se obtiene indica que: “El parque se encontraba cerrado totalmente desde el 24 de noviembre de 2018 porque existían deterioros en las losas de la piscina infantil e inconvenientes con los filtros de la piscina grande”.
Para María Lucía Torres, Directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, “la respuesta de la Gobernación de San Andrés resulta desconcertante teniendo en cuenta que no fue sino hasta el año pasado que el Consorcio Parques de San Andrés entregó el parque supuestamente reparado, dotado y listo para su funcionamiento y en menos de seis meses está presentado fallas en la estructura que ocasionan su cierre”.
Según el GAP el parque en este momento está siendo utilizado como depósito de contenedores de basura. A esto se suma que la construcción lleva una millonaria inversión en gastos bimensuales que ascienden a 47 millones de pesos. Se enviaron igualmente unos derechos de petición a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, ambas en su seccional San Andrés y las respuestas son igualmente desconcertantes.
