El evento tuvo como objetivo principal desarrollar un espacio de reflexión política y académica, frente a la evolución del derecho fundamental a la restitución de tierras de las víctimas del despojo. Asimismo, se buscó analizar los avances y obstáculos de la política de restitución de tierras, en el contexto de los 20 años de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que declara el estado de cosas inconstitucional.
Además, se abordaron temas adicionales de gran relevancia, tales como las políticas públicas frente al estado de cosas inconstitucional relacionado con el goce efectivo de la restitución de tierras, el derecho fundamental de las víctimas del despojo y de los pueblos étnicos, y la importancia de la restitución de tierras en la construcción de la paz total en los territorios.
“Este espacio nos permitió reflexionar sobre el estado actual de la restitución de tierras y los retos que tiene hoy la URT de cara a los cambios institucionales, que se han propuesto desde la dirección del Mayor Giovanni Yule y desde el Gobierno actual. Adicional, todavía quedan 7 años en donde se tiene mucho trabajo por delante, se vienen varios procesos como la creación de la jurisdicción agraria en donde se debe trabajar desde las distintas entidades, para garantizar los derechos a los campesinos”, afirma Rocío del Pilar Peña Huertas, profesora de nuestra Facultad de Jurisprudencia.
Adicional, se contó con la participación de distinguidos panelistas, directivas de la Unidad de Restitución de Tierras a nivel territorial y nacional, expertos en el tema de Derecho Agrario, quienes dieron sus conclusiones y resaltaron la importancia de vincular el proceso de restitución al territorio como víctima, la comprensión de las dimensiones multiculturales de las comunidades étnicas, la necesidad de consolidar la paz en Colombia a través de la restitución de tierras, y el imperativo de pensar en el tránsito hacia una política agraria inclusiva y justa.
El foro "El Derecho Fundamental a la Restitución en el Marco de la Paz Total", fue un espacio enriquecedor de reflexión y diálogo, donde se reafirma el compromiso de la academia y las instituciones estatales con la garantía de los derechos de las víctimas del despojo y la construcción de paz en Colombia.
