El voto es uno de los mecanismos de participación ciudadana característicos de los estados modernos democráticos. Se expresa durante la contienda electoral y es la forma más civilizada que las sociedades humanas han ideado para que los ciudadanos participemos en la toma de decisiones, escojamos nuestros líderes y decidamos sobre el manejo y destino de los recursos de nuestro país. La democracia participativa nos otorga ese poder que luego traspasamos a los partidos políticos con el deseo de que se cumpla lo que hemos escogido.

Pero el voto es solo uno de los componentes de una democracia y no es suficiente para que los ciudadanos otorguemos nuestra entera confianza en nuestros políticos y sus partidos. Un país necesita mucho más que unas elecciones para poder funcionar; sobre todo necesita instituciones y procesos de control fuertes y transparentes que otorguen independencia a las tres ramas del poder.

Quizá por ello, históricamente, la abstención en Colombia ha sido muy elevada. Desde 1978, al finalizar el Frente Nacional, la abstención ha superado el 50 por ciento en la mayoría de las citas electorales. En las de 1994 llegó hasta el 66 por ciento y en el plebiscito sobre el acuerdo de paz de 2016 fue del 62,6 por ciento. Solo en las presidenciales de 1998 hubo un respiro, tanto en la primera vuelta (48,1 por ciento) como en segunda (41 por ciento). Pero se necesitaron 20 años más (las presidenciales de 2018) para que la abstención no superara el umbral del 50 por ciento.

La confianza en las instituciones y en los políticos ha sido claramente baja durante la historia contemporánea del país, y denunciar el lento y desigual desarrollo económico y social no parece ser motivo suficiente para que el colombiano asista a las urnas. Sin embargo, el periodo de elecciones (antes, durante y después de ese domingo, el día tradicional de las elecciones en Colombia) es una cita segura con la controversia y el espectáculo mediático, y, en los últimos años, la oportunidad para utilizar nuevas técnicas digitales destinadas a lograr un mayor acercamiento con el votante, conocerlo mejor y atraerlo.

Varias investigadoras e investigadores de la Universidad del Rosario dedican buena parte de su tiempo a estudiar las jornadas de votación en todas sus etapas y facetas. En esta edición de Divulgación Científica hemos querido dialogar con algunos de ellos sobre el tema y el alcance de sus observaciones. Igualmente, les preguntamos su opinión sobre los procesos electorales, sobre los aspectos que influyen en el fortalecimiento o debilitamiento de nuestra democracia y sobre los procesos administrativos que las rodean.

Quizás al final de este texto tengamos algunas respuestas y claridades sobre si nuestros procesos electorales son mediocres e injustos, y nos defraudan constantemente, o, por el contrario, son procesos vigilados, con resultados fiables y transparentes. ¡O quizás son una mezcla de todo!

¿Una democracia de baja calidad?
“A pesar de tener un crecimiento económico y unos avances sociales claros, el país tiene una democracia de baja calidad. Es decir, los procesos democráticos son correctos y no tienen tantas fallas, pero esto no se traduce proporcionalmente en un bienestar generalizado para todos los colombianos”, considera Andrés Miguel Sampayo, doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos (Feipu) del Rosario.

“Aquí la democracia electoral se desempeña de manera eficiente, respaldada por elecciones justas y libres y un sistema electoral admirable”, continúa. “La competencia es equitativa y multipartidista tanto en la campaña como en los comicios, aunque sí se registran casos aislados de violencia. La transferencia de poder, incluso cuando los partidos que están gobernando pierden, se lleva a cabo de manera respetuosa. No obstante, las deficiencias se evidencian al intentar extender los beneficios democráticos, en términos de derechos sociales y económicos, con el fin de abarcar a más personas. Otra grave falla radica en las estrechas conexiones entre muchos de los elegidos o candidatos y grupos al margen de la ley”.

Con esta premisa, Sampayo elaboró su tesis doctoral para indagar por qué persiste la insatisfacción con nuestra democracia, a pesar del crecimiento económico del país en los últimos años. Se centró en un principio en el departamento de Santander, su lugar de origen, debido a su destacado progreso económico y a sus avances sociales recientes, aunque varios de sus políticos participan en prácticas ilegales. Para hacer esto obtuvo una beca de la Facultad de Estudios Internacionales que durante seis años le otorgó salario, oficina y recursos.

 

Sampayo empleó encuestas, un modelo probabilístico lineal y el algoritmo de clasificación no supervisado k-means. Observó el agrupamiento de municipios según tendencias electorales y determinó patrones territoriales. El algoritmo identificó clústeres que reflejan el comportamiento electoral de municipios cercanos entre sí. Descubrió que los municipios no votan de manera independiente cuando son vecinos, sino que aquellos geográficamente cercanos comparten patrones ideológicos y tendencias.

“Esta metodología me permitió ver que hay unos patrones de ‘anichamiento’ electoral”, comenta. “Es la limitación de la competencia política en un número especifico de municipios, por parte de una facción política que logra tener una votación mayoritaria de forma sostenida en el tiempo”, responde.

Según su estudio, este anichamiento se daba sobre todo en los municipios que tenían en común tres características: la primera es que son los menos desarrollados económicamente del departamento. Para analizar esta variable utilizó el índice de intensidad lumínica: entre más luz se irradie en los centros urbanos, hay más desarrollo. Comparó datos satelitales desde 1990 hasta 2013 obtenidos por el Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa (DMSP, por sus siglas en inglés) y el Operational Line-Scan System (OLS), ambos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), y también de la plataforma Global Forest Watch.

La segunda característica de los municipios que se anichan es que tenían más dificultades para generar recursos propios. Y la tercera, que en estos municipios existen menos hectáreas sembradas, aun cuando dependen de la agricultura para generar ingresos.

La razón entonces por la que en muchos municipios los partidos políticos tradicionales ganan siempre, es porque se “anichan” y de esta manera se consolidan en el poder. Muchos de los partidos o movimientos políticos, por ende, han decidido no activar sus campañas en aquellos municipios donde saben que no obtendrían buenos resultados.

Sampayo aplicó modelos similares por todo el país y encontró que el anichamiento se repite en otras regiones. “Los datos de la investigación muestran que el Partido Conservador se anicha fuertemente en Bolívar, Córdoba y Tolima; el Partido Liberal en Chocó y algunas zonas de Cesar y Sucre, el Partido de la U en el Valle y Cambio Radical en Atlántico. Los partidos alternativos, por su parte, ganan en las ciudades grandes y de ahí crecen hacia otros lugares; ejemplo de ello es el Partido Verde, que ya es fuerte en Boyacá y Bogotá”.

“¡No toda forma de anichamiento es mala!”, aclara. “Hay muchas maneras de explicar ese anichamiento, pero no tienen por qué ser malas. La propuesta de la tesis permite entender las causas de ese anichamiento y propone utilizarlas en beneficio de candidatos honestos y comprometidos con Colombia”.

Aquí es donde entra en juego la parte práctica de su tesis. En estos momentos, Sampayo es el Coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Julia Miranda Londoño, la militante del Nuevo Liberalismo que consiguió su curul en la Cámara de representantes del Congreso por Bogotá en las últimas elecciones regionales (octubre de 2023). Fue el gerente de la campaña en 2022, para la cual utilizó esta metodología de datos con el fin de encontrar patrones para ganar esas elecciones.

La estrategia de la campaña identificó que los votantes de ideas alternativas, progresistas y liberales, similares a las de Julia Miranda, votan en las mismas mesas en Bogotá. De esta forma, el equipo dedicó insumos, presupuesto de publicidad y gente en la calle solo en las zonas aledañas a las mesas identificadas, y así, en sus primeras elecciones, Julia Miranda, logró 40.000 votos, suficientes para conseguir esa curul.

Cada vez más, el porcentaje del presupuesto de las campañas electorales destinado al manejo de la imagen de los candidatos en las redes sociales es mayor, pues prácticamente permite escoger a dedo quién debe recibir nuestro mensaje. Pero Sampayo comenta que la radio también les dio resultados excelentes y que su costo-beneficio es mucho más favorable que en el caso de la televisión.

“Es necesario estudiar por qué ocurren esos anichamientos en ciertos lugares para entender mejor cómo funciona la democracia en Colombia. Igualmente, esto permite aumentar el nivel y sofisticar la calidad de los candidatos que se presentan. Quizás así lograremos que aparezcan o afloren nuevos liderazgos en diversos sitios”, concluye.

Y ¿cuáles son las fronteras de esos anichamientos? Sampayo indica que depende de cada lugar. “En Santander, los límites entre un clúster y otro lo marcan fuertemente los linderos entre provincias. En Bogotá los marcan de manera contundente las UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal)”.

En su tesis doctoral concluyó “que la baja calidad de la democracia en departamentos colombianos, a pesar del desarrollo económico, se debe a la falta de homogeneidad en dicho desarrollo. La heterogeneidad territorial deja bolsas de marginalidad explotadas por grupos políticos, lo cual revela la importancia del ‘anichamiento’ como variable intermedia”.

Esta dinámica explica la coexistencia paradójica entre desarrollo y democracia de baja calidad, tal como concluye Sampayo que sucede en Santander.

¿Existe el voto de clase?
Justamente, esa diferencia entre estratos es la que ha estado estudiando el grupo de Yann Basset, politólogo investigador de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la UR, y miembro del Grupo de Estudios de la Democracia Demos-UR. Este semillero publica piezas de investigación y divulgación en su web Procesoselectorales.org, en las cuales analizan algún aspecto de la política del país relacionado con el comportamiento del votante y procuran explicar las singularidades de los procesos electorales que llevan a cabo en el país, algo que no suele ser fácil de entender. La mayoría de ellas son realizadas por estudiantes.

Uno de los formatos al que más atención presta el equipo son los boletines que publican semestralmente. En ellos se analizan los datos de resultados de los escrutinios, una vez son emitidos por la Registraduría, en busca de patrones electorales.

En el boletín número 17, titulado “Votos y estratos: impacto en las elecciones locales colombianas (2007–2019)”, publicados en agosto de 2023, los investigadores analizaron cómo votan los distintos estratos sociales en las elecciones locales de alcaldes de las seis principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira), desde 2007 hasta 2019. “Nos interesaban más las elecciones de los alcaldes que las nacionales, pues son menos politizadas y están más inmersas en temáticas de interés local”, puntualiza Basset. El boletín fue presentado en el último congreso de ciencia política de la Asociación Colombiana de Ciencia Política (Ascopol) en junio de 2023 y en su producción colaboraron alrededor de 10 estudiantes de varios semestres.

Los resultados dicen que el estrato, la lógica del ‘voto de clase’ es una variable muy importante en las elecciones de los alcaldes en las grandes ciudades colombianas. “La estratificación no se presenta en todas las ciudades; cuanto más grande es, la estratificación es más clara. Existe una forma de ‘enfrentamiento entre estratos sociales’, con los estratos más populares apoyando a un candidato y los más ricos apoyando a otro, lo que muestra que es una clave para la lectura fuerte de las elecciones locales de las grandes ciudades”, argumenta Basset.

Necesitamos desenmarañar ese galimatías político de las elecciones, educarnos a fondo a todos los niveles. Pero sobre todo, necesitamos combatir los obstáculos para la representación de la mujer en nuestros cargos políticos, algo que, si bien pasa por la educación, exige una normativa más precisa y ajustada a la realidad.

Pero no se presenta así en todo el país, pues a medida que se analizan municipios más pequeños la cosa cambia. “En ellas los estratos sociales no muestran tantas diferencias en los modos de vida; las desigualdades no son tan profundas como en las grandes porque no hay tanta diversidad; los partidos tradicionales tienen mayor poder y son multiclasistas (que tienen votos en todos los estratos)”, continúa. “Es una característica de los partidos tradicionales: liberales y conservadores no tienen en realidad una identidad de clase, ellos ‘pescan’ en todos los estratos. La lógica de la diferencia de votos se ve mucho más en las grandes ciudades donde estos partidos no tienen grandes votos. En estas se presenta una serie de enfrentamientos electorales que tiene mucho que ver con las diferencias de modos de vida entre estratos sociales”.

Así mismo, los datos de sus observaciones indican que en algunas ciudades hay ciclos de alternancia: “Cali, por ejemplo, muestra que después de unas elecciones muy estratificadas, vienen luego unas que no lo son tanto. Ello quiere decir que hay más alternancia entre candidatos que polarizan socialmente y otros que logran conseguir un mayor consenso en la población”.

En la gráfica de Estratificación de las elecciones locales entre 2007 y 2019, se puede ver que la estratificación sólo crece en Medellín, pero no es así en el resto de las ciudades. Más en detalle, las elecciones de 2019 en Medellín, en las que salió Daniel Quintero elegido, muestran un evento extraño en la ciudad: una alta estratificación por encima de la tendencia histórica de la ciudad, que, como otras ciudades grandes, solía votar con un voto muy poco estratificado donde dominaban los partidos tradicionales o aquellas iniciativas que reunían consenso (como la de Federico Gutiérrez).

En el siguiente boletín publicado, el #18 (Cacicazgos y elecciones locales: ¿qué tanta relación hay entre lo local y lo nacional?) de noviembre de 2023, los investigadores analizaron los resultados de las elecciones regionales de octubre de 2023 y enseñan con mapas los resultados de cada partido en los territorios. “Estudiamos la lógica de las candidaturas y su relación con el poder legislativo; si existe un vínculo entre el poder de un congresista sobre un territorio y el hecho de que su partido presente o no una candidatura, ya sea propia o en coalición”, explica Basset.

¿Necesitamos una pedagogía electoral?
Los colombianos suelen asistir en mayor número a las elecciones regionales que a las presidenciales, algo que no es usual en otros países, pues se asume que estas últimas son más importantes para la nación. “Colombia es un país muy diverso y poco integrado geográfica y culturalmente; entonces a muchos les llega menos el presidente que el alcalde de su pueblo. Además, es un país con muchos municipios, donde se presentan numerosos candidatos y donde una gran mayoría tiene un familiar o un conocido en las listas. Estas elecciones regionales involucran a todos y por eso tenemos un exceso de pasiones y de participación que a veces terminan muy mal”, agrega el investigador.

Y es que los candidatos que se presentaron a las últimas elecciones regionales no son pocos. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, se inscribieron 132,553 candidatos, un 13,73 por ciento más de aspirantes en comparación con las elecciones de 2019 (116,546). Entre coaliciones, grupos de ciudadanos, movimientos sociales y partidos políticos con personería jurídica hubo 251 candidatos para 32 gobernaciones (una media de 7,8 candidatos por gobernación); 6.175 candidatos para 1.102 alcaldías (media de 5,6); 3.894 candidatos para las Asambleas Departamentales; 106.429 para el Concejo y 15.804 para las Juntas Administradoras Locales (JAL).

“Las contiendas políticas son un medio para conquistar, ejercer y conservar el poder. El sistema electoral es crucial. Constituye un conjunto de elementos a través de los cuales los ciudadanos expresan sus preferencias políticas y esas preferencias se convierten en escaños o en poder político”, expresa Ana Beatriz Franco Cuervo, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la URosario.

Precisamente, mediante ese sistema se puede conquistar o conservar el poder, o lo que es lo mismo, con una misma cantidad de votos y dependiendo de la interacción del conjunto de elementos que se comprenden en ese sistema, es posible ganar, continuar o perder.

¿Qué es el índice de estratificación?
Se obtiene restando del porcentaje de votos obtenidos en estratos 5 y 6, los obtenidos en los puestos de votación ubicados en zonas de estrato 1 y 2. De este modo, el índice de estratificación de un candidato puede ser un número positivo o uno negativo. Un índice de estratificación positivo indica que el candidato tiene más votos en los estratos 5 y 6, en términos relativos, que entre los 1 y 2. Un índice de estratificación negativo quiere decir que el candidato tiene un porcentaje de votos mayor entre los estratos más bajos.
Fuente: Boletín Nº17 DEMOS-UR

Hemos tenido más de 60 años de un fuerte bipartidismo que era electoralmente predeterminado y que comenzó a resquebrajarse paulatinamente con la constitución de 1991, en especial por el cambio en la circunscripción senatorial, que paso de territorial a nacional. Todo ello permitió la entrada de nuevos actores en la representación y conquista del poder político tanto a nivel local, regional y, recientemente, nacional.

Dependiendo de qué se esté eligiendo y con qué principio de representación (sea mayoritario o proporcional), las circunscripciones pueden ser de muchas formas y esto puede influir de manera crucial los resultados.

“Por ejemplo, hay circunscripciones político-electorales como en los parlamentos de Inglaterra, Canadá y Estados Unidos (Congreso) y de Francia (Asamblea Nacional). Ellos tienen un sistema electoral de escrutinio mayoritario uninominal, de un escaño por circunscripción.” Es decir, el votante puede escoger un único candidato entre los que se presentan y gana el que tenga más votos, por mayoría simple, salvo en la Asamblea francesa que es por mayoría absoluta, lo que implica una segunda vuelta.

En Colombia hay predominantemente circunscripciones político-administrativas, donde el principio de representación es proporcional para las corporaciones de carácter territorial y poblacional. Al representar intereses nacionales, la circunscripción del Senado es nacional y gracias a ella se eligen 100 curules y 2 adicionales para los indígenas (art. 171, Constitución Política de Colombia).

Desde 1991, el Senado es de representación nacional y proporcional a los votos conseguidos. Así, al poder el candidato sumar los votos de todos los territorios (no solo aquellos del departamento donde se presenta), se pudieron romper los feudos electorales departamentales que históricamente impedían la entrada de nuevos actores. De esta manera, candidatos que en su momento fueron una alternativa a los tradicionales, como por ejemplo Carlos Gaviria en 2002, y Gustavo Petro en 2006, llegaron a ser senadores.

En cambio, la Cámara de Representantes se elige mediante circunscripciones territoriales: poblacionales y especiales. Estas últimas aseguran la participación de los grupos étnicos (2 escaños para los afrodescendientes y uno para las comunidades indígenas) y de los colombianos residentes en el exterior (con una curul).

El tema no termina aún. Desde 2016 existen también las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) mediante las cuales se eligen 16 curules por dos periodos electorales (desde 2022 hasta 2030). Estas corresponden a unas áreas específicas determinadas en el Acuerdo de Paz por tener una escasa representación política y por pertenecer a sectores mayormente afectados por la violencia. Las áreas son Sur de Meta y Guaviare, Montes de María, Pacifico Medio, Pacífico Nariño, Putumayo, Sierra Nevada del Perijá, Sur del Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima y Urabá.

Con el fin de iniciar la motivación y la pedagogía electoral desde las escuelas y universidades, y no solamente durante los días inmediatamente anteriores a las elecciones, en 2021 la profesora Franco Cuervo y el politólogo y comunicador político Danny Ramírez Jaramillo, egresado y profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos (Feipu) y el Instituto de la Participación y Acción comunal (Idpac), emprendieron la socialización y digitalización del juego de mesa Election Party, que simula una campaña electoral en Colombia.

Los investigadores indican que la falta de una enseñanza adecuada produce la incomprensión del sistema electoral, y este aspecto sería uno de los que explicarían la baja participación de los colombianos en las elecciones. “En épocas de baja participación, de noticas falsas (fake news) y del resurgimiento de movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, experiencias lúdico-pedagógicas como Election Party se convierten en una herramienta poderosa de aproximación al elector para abordar la complejidad del sistema político”, agrega la profesora Franco Cuervo.

Además de esta iniciativa, desde 2010 la Misión de Observación Electoral (MOE) desarrolló diversas cartillas pedagógicas con temas, consejos y hasta advertencias sobre irregularidades y delitos electorales, tanto para contiendas generales como locales.

Por otro lado, en 2022, el Sistema de Comunicación Pública Canal Capital creó la campaña #MásVotosMásDemocracia, con la que pretendía dar respuesta a las dudas sobre la mecánica electoral, la composición de las cámaras y, en general, sobre el sistema democrático del país.

Para concluir, la profesora Franco Cuervo menciona que “ el filósofo José Ortega y Gasset, en su conocida obra La rebelión de las masas, decía que “la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire”.

¿Cómo están representadas las mujeres en los cargos de elección popular en Colombia?
Esta es la premisa principal del proyecto “Mujeres en los concejos colombianos: un saldo en rojo” que coordina la profesora Sandra Botero Cabrera, de la Feipu del Rosario, junto con Ana María Moncayo, y cuyos resultados están aún en proceso de publicación.

El proyecto analiza la representación de las mujeres en los concejos desde dos perspectivas: “Por un lado, hacemos un seguimiento cuantitativo de los factores asociados a la elección de las mujeres a nivel nacional, en las elecciones presidenciales de 2015 y 2019. Y por el otro, hicimos un estudio de casos, basadas en candidatas al Concejo de Bogotá, sobre las trabas y obstáculos que encontraron para hacer campaña”, explica Botero.

Los resultados iniciales enseñan tres aspectos relacionados con el género que definen esos problemas. El primero es que es mucho más difícil conseguir financiación para las campañas si se es mujer. “La falta de transparencia en la financiación de las campañas, que incrementa el riesgo de ingreso de dineros ilegales a las campañas, hace que las oportunidades para que las mujeres participen en la política sean restringidas, mucho más si esas mujeres no provienen de familias o clanes políticos tradicionales”, aclara Botero.

Un ejemplo de esto fue estudiado por Sofía Carrerá Martínez en su tesis de grado del Rosario, donde analizó, entre otras cosas, los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a las candidaturas de las alcaldías de Cartagena entre 2007 y 2019. Carrerá encontró que, para obtener el aval de los partidos, las mujeres lo tienen mucho más difícil por tres razones: “los partidos son altamente informales, las mujeres que quieren aspirar a la alcaldía carecen de experiencia en la política electoral y los partidos a nivel local funcionan buena parte del tiempo como marcas productoras de avales habitadas por poderes locales, especialmente las casas políticas (grupos de poder con un fuerte componente familiar)”.

El segundo aspecto relacionado con el género es la existencia de “un machismo endémico” –tal como lo define la profesora Botero– que genera una clara discriminación hacia la mujer y que les limita el crecimiento profesional dentro de las organizaciones políticas.

Y un tercer aspecto que han podido distinguir de ese primer análisis de resultados previos a la publicación formal, está relacionado con las labores domésticas y de cuidado en el hogar: “Existe una gran dificultad para compaginar el trabajo como candidatas con las tareas de cuidado de los hijos o de parientes mayores, algo que tradicionalmente recae sobre las mujeres de forma desproporcionada”, concluye la experta.

“En épocas de baja participación, noticas falsas (fake news) y el resurgimiento de movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, experiencias lúdico-pedagógicas como “Election Party” se convierten en una herramienta poderosa de aproximación al elector para abordar la complejidad del sistema político”. Ana Beatriz Franco Cuervo.

Y en las redes, ¿hay discriminación hacia las candidatas?
Las redes sociales, que tanto han liberado e impulsado las posibilidades de acercar los candidatos y candidatas a la población, generan también un trato diferencial hacia las mujeres. Botero y otros investigadores de la UR colaboraron en la producción de un informe sobre la violencia digital contra mujeres en política (VDCMP) durante la campaña electoral al Congreso de la República de Colombia en 2022, originado por la Fundación Karisma en alianza con ONU Mujeres, la UR y la Embajada de Suecia.

El documento parte de la premisa “las violencias ejercidas en los entornos digitales están basadas en género (a través de estereotipos que niegan sus capacidades por ser mujer; atacan su intimidad y su aspecto físico o deslegitiman su agenda de género) y en general las afectan de manera diferencial y desproporcionada en su derecho a participar, a acceder o a permanecer en el escenario público(…). Ello revela que hay una VDCMP generalizada y normalizada que se refiere a sus cuerpos, apariencia, raza, a la forma como hablan, a sus habilidades y a sus capacidades profesionales”.

ONU Mujeres encontró, además, que este tipo de violencia de género “incide en su integridad, dignidad y seguridad, con una consecuencia adicional: limita su derecho a participar y, por lo tanto, a los ejercicios democráticos”.

Ejemplos de este tipo de violencia son el desprestigio basado en sus capacidades o intelecto, las amenazas en línea, la extorsión, la suplantación de identidad, la manipulación de información, el acoso virtual o ciberacoso, las expresiones discriminatorias, las críticas negativas por su apariencia física, la sexualización, los insultos a su origen étnico y ‘de clase’, y los ataques o menosprecios derivados de la orientación sexual.

Todos ellos constituyen obstáculos profundos que impiden que nuestra democracia se consolide. Promover una mayor participación de las mujeres en la política es el camino más importante porque hasta que ese número y la calidad de las candidatas no aumenten, no habrá más mujeres elegidas.

Los datos de las últimas elecciones regionales (29 de octubre de 2023) de la Registraduría Nacional muestran que el 51,4 por ciento de los votantes del país (alrededor de 20 millones) son mujeres, pero las candidaturas presentadas por ellas son solo el 39 por ciento. En las elecciones legislativas de 2022, de las 295 curules del Congreso, 85 fueron ocupadas por mujeres (28,8 por ciento), solo 30 (9,1 por ciento) más que en la anterior legislatura de 2018, según datos de la oficina colombiana de la organización ONU Mujeres.

Aunque hay un avance con respecto a los años anteriores y los datos acercan la participación de la mujer en los organismos de representación política al promedio de la región Caribe y América Latina (un 35,8 por ciento en 2023 según la Unión Interparlamentaria - IPU), aún falta mucho por recorrer.

Botero resalta que una de las herramientas que en un principio se creyó que ayudaría a robustecer la participación de la mujer en el escenario político, fue la creación de la Ley 581 de 2000, llamada la Ley de Cuotas, la cual obliga a que, como mínimo, el 30 por ciento de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. Desafortunadamente, este número se ha convertido en el techo, pues en ninguna de las dos cámaras la representación sobrepasa el 30 por ciento, “y eso teniendo en cuenta que este el Congreso que más mujeres tiene”.

La forma como se presentan los candidatos, el voto preferente, o las listas abiertas tampoco ayudan a que la mujer participe más. En este caso vuelve a estar presente la discriminación. Por ello, hasta que no haya una lista cerrada tipo ‘cremallera’ (una lista electoral en la que existe la paridad de género) eso no va a cambiar.

Para el voto no preferente, o lista cerrada, hay una cantidad de personas a quienes los precede una cabeza de lista. Entre más votos consiga esa lista, más personas de ella serán escogidas. El orden de la lista da la prioridad al candidato. Y el tipo cremallera quiere decir que se intercala el género del candidato para asegurar equidad en la representación.

“A los políticos colombianos no les iría tan bien con la lista cerrada, en la que no se escoge el orden de la lista”, continua la profesora Botero. “Pero si se quiere sacar una medida institucional que no ponga el peso en las mujeres para solucionar lo que es un problema institucional, es muy claro que lo único que funciona es una lista cerrada con un mandato claro de ubicación, es decir, tiene que ser una ‘lista cremallera’. De otra forma, nuestro sesgo histórico hace que la gente conozca a más candidatos hombres y por ello las mujeres continuarán en franca desventaja”.

Un ejemplo perfecto son las listas al Concejo de Bogotá presentadas a las regionales de 2023. En ellas, la lista del Pacto Histórico era la única cerrada y cremallera, y obtuvo cuatro curules para mujeres y tres para hombres, mientras que en las demás listas hubo menos mujeres: Alianza Verde y Nuevo Liberalismo obtuvieron ocho escaños cada uno, con siete hombres y una mujer; Centro Democrático, siete (cinco hombres y dos mujeres); el Partido Liberal, seis (cuatro hombres y dos mujeres); y los Partidos Cambio Radical y Mira obtuvieron cuatro curules cada uno, todas para hombres.

“En términos del diseño de la estructura institucional para el sufragio, la única herramienta conocida que puede ayudar a luchar por esa paridad es esa lista. Así alentaremos a que los partidos se preocupen por crear y apoyar liderazgos femeninos”, concluye la profesora.

Recomendaciones para luchar contra la violencia contra las mujeres en política
 

Para el Estado y el gobierno colombiano:

• Cumplir con sus obligaciones constitucionales y sus compromisos internacionales de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, incluido fomentar la formación y la sensibilización de operadores contra la violencia hacia las mujeres que se encuentran ejerciendo su derecho a la participación político-electoral.
• Capacitar a las autoridades judiciales para que atiendan oportunamente los casos de Violencia Digital Contra las Mujeres en Política (VDCMP).
• Realizar contribuciones en los procesos legislativos que se tramitan en el Congreso de la República, de forma tal que los procesos de prevención, atención, sanción y reparación de la VDCMP se enmarquen dentro de la colaboración armónica de instituciones.
• Considerar incluir como variable dentro de los distintos sistemas de denuncia aquella relativa al nivel de exposición pública, liderazgo o ejercicio político de las mujeres víctimas de cualquier acto de VCMP.

Para las autoridades electorales:

• Hacer seguimiento a los compromisos del protocolo formulado en la Resolución 8947 de 2021, de tal manera que se puedan realizar esfuerzos interinstitucionales conjuntos para la prevención, atención, sanción y reparación de las víctimas de VDCMP.
• Hacer diagnósticos sobre la VDCMP durante los procesos electorales.
• Solicitar a las plataformas de redes sociales medidas para salvaguardar en internet los derechos de las personas a una vida libre de violencias basadas en género.
• Generar reportes de transparencia públicos, con datos sobre las solicitudes radicadas ante las plataformas propietarias de las redes sociales.
• Crear un registro de violencias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras autoridades competentes para hacer seguimiento a las medidas de protección y atención brindadas dentro del respectivo partido o movimiento político.

¿Votamos por una persona o por una ideología? ¿Quién tiene el poder en la política colombiana?
La Unidad de Inteligencia de la revista The Economist publica cada año un Índice de Democracia mediante el cual clasifica la democracia de 167 países partiendo de una calificación. En 2022 Colombia fue descrita como una “democracia deficiente” y ocupó el puesto 59 del ranking mundial y el 10 a nivel latinoamericano (Uruguay es la primera). En el fondo, no es una mala posición si se considera que estamos ubicados en el tercio de los países más democráticos de todo el planeta. Cabe destacar que dicho índice evalúa aspectos como los procesos electorales y el pluralismo, las libertades civiles presentes, el funcionamiento del gobierno y la participación y la cultura políticas, además de los logros económicos y sociales.

Aunque no sea perfecta, en términos generales la democracia en Colombia es buena. “Los datos dicen que estamos cada vez mejor, que hemos tenido importantes avances en lo económico y en lo social”, comenta el profesor Andrés Miguel Sampayo. Entonces, ¿por qué no se consolida la democracia? “Hay cosas positivas como el hecho de que, aunque siempre hemos tenido violencia, nunca se han suspendido unas elecciones. La cosa se tuerce cuando los candidatos elegidos tienen relaciones cercanas con organizaciones delictivas; esto nos echa para atrás varios pasos en el camino de obtener una democracia mucho más efectiva”, agrega.

“El corazón político de nuestra democracia lo constituyen los congresistas, y son ellos quienes logran que los ejecutivos funcionen bien. Pese a ello, nosotros depositamos el poder, erróneamente, en el ejecutivo más que en los congresistas. Los países desarrollados, por el contrario, son más conscientes de la importancia de sus legisladores. Ganar elecciones otorga mucho poder, sobre todo al interior de un partido político. Y ese poder lo siguen manteniendo principalmente en las regiones y en algunas ciudades, donde se ha visto que muchos clanes y caciques siguen siendo claves para ganar”, precisa el profesor Sampayo.

Por otro lado, aunque los congresistas ejerzan una fuerte influencia, no es completamente claro que el voto en Colombia sea personalista. “Contrario a la percepción común, la elección de alcaldes, presidentes, gobernadores, concejales, senadores o representantes a la cámara, implica un proceso de democracia partidista interna. Esta dinámica influye en el desempeño del candidato y puede dar la idea de personalismo. La presencia de líderes fuertes, como Uribe en el Centro Democrático, o Petro en el Pacto Histórico, ha consolidado partidos políticos que emergieron aparentemente de la nada”, agrega.

Pese a que aún no hay cambios visibles ni transformadores, en el escenario político de últimos dos años sí se han visto novedades. Las elecciones generales de 2022 eligieron al primer candidato claramente de izquierda, merced al Pacto Histórico, una coalición nacional de 12 partidos que consiguió 50 congresistas. También fueron las primeras elecciones pospandemia, y debido a ello arrastraron consigo los embates de la crisis económica, las críticas a su manejo a cargo del gobierno Duque y los estallidos sociales que desde 2019 hasta 2021 tuvieron lugar en muchos territorios del país. Todo ello consiguió que la izquierda ganara mucho más que la derecha y el centro en dichas elecciones.

A pesar de este paso adelante, es cierto que en las últimas elecciones regionales de noviembre de 2023 las maquinarias electorales ejercieron de nuevo el control en sus territorios. Al respecto, la politóloga, periodista y dos veces concejal de Bogotá (2003 y 2007), Lariza Pizano, comenta lo siguiente: “No podemos decir que la democracia salió fortalecida en estas últimas elecciones. El clientelismo de siempre ganó en varias ciudades, muchos clanes políticos recuperaron enclaves, gracias a que el electorado escogió al candidato conocido, y se consolidaron las campañas de avales políticos. Cabe recordar que 2019 fue el escenario de las nuevas fuerzas políticas, algo así como un 1991 versión 2.0. Pero ahora la regresión fue total”.

¿Debemos probar cosas nuevas?
Entonces, si las elecciones funcionan medianamente bien, y si, en términos generales, estamos avanzando y logrando algunas mejorías, ¿qué es lo que tiene que cambiar para que podamos avanzar más?

Las propuestas son diversas. Una de ellas es reevaluar las circunscripciones territoriales que allanaron el camino para que muchos candidatos encontraran los votos que necesitaban lejos de su localidad, lo que de alguna manera transformó la forma de hacer política. “La circunscripción única nacional del Senado, a partir de la Constitución de 1991, permitió destacar nuevos liderazgos nacionales. Aparecieron, entonces, figuras que tuvieron un gran respaldo, pero limitado a un sector. También logró que candidatos que no podrían ganar a nivel local o regional, sí lo hicieran a nivel nacional. Ejemplo de ello son las figuras individuales y los grupos cristianos, quienes a nivel regional o local difícilmente sacan una curul, pero que en circunscripción nacional sí logran algo”, manifiesta Yann Basset.

Sin embargo, la circunscripción nacional tiene sus críticas y bemoles. “No tiene sentido que un candidato al Senado entre en competencia con todo el país para escoger uno de los 100 escaños. Si eres un senador de la Costa Caribe, por ejemplo, van a votar por ti uno o dos o departamentos, no más. Entonces, ¿para qué hay que ir a competir por el voto en todo el país? Ahí es donde el poder de los partidos tradicionales y los caciques, así como el origen de la financiación, entran a hacer su jugada maestra”.

La importancia de la circunscripción igualmente tiene que ver con la cantidad de representantes que se eligen para cada departamento o provincia. Sobre esto Andrés Sampayo dice que deberíamos pensar más el sistema: “Por un lado, Bogotá tiene ocho millones de habitantes y elige 18 puestos en la Cámara. Por su parte, Antioquia, que solo tiene seis millones, tiene 17. Santander tiene dos millones cien mil tiene solo siete, mientras que Vichada, con cien mil habitantes, tiene dos representantes, no es proporcional esto. Son preguntas que deben hacerse a lo largo y ancho del país con el fin de identificar adecuadamente a la persona que se elegirá para ejercer el poder”.

Candidatizarse cuesta dinero. Construir una red grande y estratégica de contactos y hacer un manejo inteligente de las finanzas no es, para nada, una tarea fácil. Pero aun así hay mucha gente que se lanza a la política.

“Uno no se hace rico al meterse directamente en campañas políticas. Lamentablemente en muchas regiones del país el presupuesto público es la principal fuente de recursos y de empleos, y quizá eso explica por qué unas regiones se involucran más que otras en política”, continua Sampayo.

Entonces, si tenemos a mucha gente con ganas de participar en política, ¿no podríamos obligar a los habilitados para votar a cumplir con el deber del sufragio? El hecho de que haya poca participación de los votantes también genera problemas éticos y prácticas ilegales como la compra de votos. Como siempre, antes de imponer ideas que parecen sencillas, basta con comprender algunos aspectos de nuestro país para ver que no lo son tanto.

Hay un razonamiento económico que apoya el voto obligatorio. Se suele decir que cuando muy pocas personas votan se necesitan menos votos para ganar; ahí es cuando la compra de votos se vuelve ‘eficaz’, pues al final son pocos los votos que se deben ‘comprar’. Pero si el voto es obligatorio, el precio por pagar sería demasiado alto pues obligaría a desembolsar un capital enorme.

Pero hay varios argumentos en contra del voto obligatorio, sobre todo relacionados con aspectos prácticos, como las características de nuestra geografía que dificultarían el fácil acceso o el desplazamiento hacia los puestos de votación, o el deficiente acceso a la electricidad en muchos lugares del país. Ello implicaría un mayor presupuesto para el desarrollo de las elecciones pero sobre todo sería bastante injusto que esas poblaciones, que históricamente han sido ignoradas por el estado y azotadas por la violencias, reciban un castigo en forma de multa por no votar.

Entonces, ¿no hay nada positivo en el voto obligatorio? Por el contrario, hay otras razones igualmente válidas por las cuales habría que apoyarlo. Basset cree que los argumentos anticorrupción del voto obligatorio o los de la visión moralista que dice que “votar es un deber” no son lo más importante. “Considero más importante que se hable en términos de ética democrática a favor del voto obligatorio. Cuando el voto es facultativo, como en el caso de Colombia, y vemos la composición de quienes se abstienen, nos damos cuenta de que se trata de los más excluidos, de los más pobres, los más jóvenes, de estratos bajos urbanos, de los grupos más abandonados. Como esta gente vota menos, los políticos les responden menos. Con el voto obligatorio, el sufragio de cada persona sí cuenta y los políticos están más obligados a responder a esos grupos desfavorables.

De cualquier manera, lo peor sería que sucediera algo que con frecuencia se da en el país para otros campos: que convirtamos el voto en obligatorio, pero que no se aplique, que no podamos ejercerlo.

Necesitamos cambiar muchas cosas para que nuestras elecciones produzcan resultados que afecten de manera positiva al país y que ayuden a su desarrollo en todos los aspectos.

Requerimos campañas más profesionales, con técnicas nuevas y más transparentes, así como comprender las estrategias de los partidos para tener la certeza de si hay o no una verdadera respuesta a las necesidades de los votantes o si se trata solo de formas exitosas de mantenerse en el poder.

Así mismo, nos urge revisar la forma como las circunscripciones pueden realmente representar la voz de los ciudadanos y entender que si existe una influencia de los estratos sociales en la manera como votamos, esta debe ser combatida con acciones fidedignas que disminuyan las diferencias sociales.

Necesitamos desenmarañar ese galimatías político de las elecciones, educarnos a fondo, no solo a nivel escolar sino también en el escenario de la educación superior. Todos deberíamos ser educados sobre las formas de representación políticas de las cuales disponemos.

Y, sobre todo, necesitamos combatir los obstáculos para la representación de la mujer en nuestros cargos políticos, algo que , si bien pasa por la educación, exige una normativa más precisa y ajustada a la realidad. La intención es importante, pero las acciones lo son aún más.