Abstract: El Acto Legislativo que da vida a la cadena perpetua para violadores de niños ha sido catalogado como hecho histórico y sin precedentes en la historia colombiana, un arma empuñada por la justicia contra los violadores y abusadores de menores y al mismo tiempo su medio de defensa.

Esas y más mentiras son las que venden las grandes cadenas televisivas y medios escritos para encubrir lo que verdad se esconde detrás: un enfermo populismo punitivo y la completa ignorancia de dónde radica la grave problemática del abuso a menores.

Decenas de historias de terror se viven a diario en este país auspiciadas por el silencio, el miedo y la intimidación. Historias que se repiten cada hora, pero no incluyen a los típicos monstros de las películas de terror que el cine norteamericano o los mitos populares nos suelen mostrar. Desafortunadamente estos seres no vienen camuflados en la oscuridad, porque de ser así bastaría dejar la luz encendida para espantarlos, sino que se camuflan en un mar de impunidad.

No se puede ignorar el fatídico dato estadístico expuesto por la Sociedad Colombiana de Pediatría: en Colombia cada hora dos niños o niñas sufren el flagelo del abuso sexual, plasmándose en una acumulación incesante de oleadas de estos casos, que anualmente reflejan en promedio un total de 21.385 casos denunciados de abuso a niños niñas y adolescentes. Dato que respalda el informe “Forensis 2017, datos para la vida” entregado por Medicina Legal en el 2017.

En definitiva, la justicia colombiana pareciera no querer quitarse la venda de los ojos, que conserva con extrema maña, no para garantizar lo que llaman “imparcialidad” u “objetividad”, sino para  ocultar su miopía al ver las injusticias que azotan este país, y que tienen en su mayoría  la cara de un niño o niña.

Pero ¿qué creen? Esta figura esbelta, ciega  y entumecida para muchos, que solemos llamar justicia, ha comenzado a ingeniárselas, bajo la dirección del congreso de la república, para ser el objeto de juegos mentales e ilusiones ópticas de tremendo impacto en la población colombiana. Y esta celebra lo que ha sido catalogado como “un hecho histórico”: la cadena perpetua para violadores de niños. Condena que parece darle movimiento a la oxidada espada justiciera.

Desafortunadamente, la cadena perpetua solamente tiene tres efectos prácticos, y no son los que con ansias necesita este país. En primer lugar, aumenta el hacinamiento en las cárceles colombianas y con ello el estado de cosas inconstitucionales que se presenta en ellas; en segundo lugar, genera mayor gasto al erario en materia penitenciara, que actualmente es uno de los más altos. Esto visualmente se traduce en seres encerrados en mazmorras, durmiendo uno sobre otro. Mientras que el encierro -por no decir tortura- de cada uno le cuesta al país, como lo expone Angelica Pardo López, en el  libro  “Consideraciones sobre la inviabilidad de la cadena perpetua en Colombia” la cifra de veintidós millones de pesos cada año.

Además, se presenta un efecto más tétrico, porque desde el punto de vista punitivo se estaría castigando con mayor severidad el abuso de niños niñas y adolescentes que su propio asesinato. De tal forma lo expuso uno de los representantes a la cámara y detractor de la propuesta Germán Navas Tolero en la comisión primera constitucional, revelando una gabela para que el violador se libre de la severidad de la pena, optando por no dejar testigos vivos de sus actos corrompidos.

Cárcel la Picota, Bogotá - De EEIM - Trabajo propio CC. 4.0

Por otra parte, los efectos sociopolíticos de la aplicación de esta pena son muy positivos para las personas que promovieron la propuesta: es decir una gran mayoría de congresistas y por supuesto el presidente de la república, que meses atrás estaba pasando por una de sus peores crisis de gobernabilidad desde que ingresó a liderar al ejecutivo. Todo ello, valiéndose del evidente afán de la sociedad colombiana de creer que se está haciendo algo para la protección de los niños, niñas y adolescentes, castigando como se diría popularmente “con mano de hierro” a sus victimarios. Sin embargo me atrevo a preguntar ¿cuáles victimarios?

Porque en Colombia, aunque los casos llueven a borbotones, a pesar de que son pocos los que llegan a conocimiento de la justicia, solo el 0.05% de los casos denunciados llegan a ser tocados por la espada de la justicia, es decir a sentencia condenatoria, según el análisis estadístico de los informes otorgados por la fiscalía general de la nación entre el 2005 y el 2008 sobre casos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En otras palabras, vivimos en un estado de impunidad perpetua.

Reitero entonces mi cuestionamiento, ¿a cuáles victimarios se va a castigar con la denominada cadena perpetua para violadores de niños?, ¿es esta pena una respuesta real a la triste problemática que vive el país?

No hay por ningún lado respuesta positiva a alguna de las anteriores interrogantes, sin embargo lo que se percibe es la falta de idoneidad de la popular pena y su más evidente ineficacia. No se puede pensar que el congreso de la república necesita llegar hasta tan altos niveles, como la aprobación de una acto legislativo tan contrario a la constitución, que para muchos constitucionalistas termina convirtiéndose en una sustitución de nuestra carta política, para demostrarnos el repudio político ante actos como el abuso sexual contra la niñez y la adolescencia.

En realidad tales demostraciones carecen de todo fundamento, la sociedad colombiana no necesita más reproche sin resultado sobre esta clase de delitos.  Ya se tiene la suficiente conciencia pública sobre la barbarie de tales actos -de lo contrario no sería tan celebrada la pena, ni se estaría hablando de populismo punitivo- pero lo que no se tiene son acciones políticas encaminadas a disminuir efectivamente la consecución de tales actos, ni acciones penales encaminadas a drenar el mar de impunidad.

Aun así, el reflejo de  la ilusión óptica de una espada que falsamente se blande en la nada, y que se apoya en la esperanza de cientos de ciudadanos y familias que desean justicia, ha llegado a calar negativamente en el escenario jurídico, sobre todo en el ámbito constitucional; y podría implicar el sacrificio de una gran base  de nuestro sistema jurídico: la primacía de la voluntad axiológica de la ambiciosa y romántica asamblea nacional constituyente del 91, que se constituye para efectos jurídicos como el constituyente primario, frente a la del constituyente derivado: el Congreso de la república. El cual busca menoscabar uno de los pilares fundamentales de la constitución: La dignidad humana.

Sin embargo, el vago concepto de la dignidad humana, como valor personalísimo de cada ser humano, parece perderse en el hacinamiento carcelario que se presenta en las cárceles colombianas que muchos académicos y practicantes del derecho definen como mazmorras, y del cual  el mismo Nilson Elías Pinilla Pinilla, exmagistrado de la corte constitucional habla como lugares de tortura, y que de ser el caso sería más compasivo la castración química o el cierre de trompas que una vida de reclusión carcelaria, tal como lo refirió en la tertulia celebrada por la Universidad del Rosario el 9 de Julio del presente año.

Por otro lado, los mismos penalistas censuran con gran severidad la cadena perpetua, y aseguran por una parte que esta clase de penas no garantizan el fin resocializador de la pena, consagrado en el artículo 4 del código penal, el cual procura la reintegración del condenado a la sociedad luego de su tiempo de reclusión, debido a  que no garantiza el principio de proporcionalidad, que habla sobre un equilibrio entre la pena y la condena, al igual que viola los principios de la certeza y determinación de la pena, tal como lo expone Ana Lucía Moncayo Alborán en “Consideraciones sobre la inviabilidad de la cadena perpetua en Colombia”.
En medio de este drama que no termina para los niños, niñas y adolescentes, y en medio de todo este alboroto y debate social y jurídico que ha despertado la “cadena perpetua para violadores de niños”, todo se ha enfocado en los victimarios; se nos ha olvidado por absoluto hablar sobre las pequeñas víctimas, su protección y apoyo integral para la reconstrucción de sus vidas.

Éste olvido es exactamente lo que  ha llevado a nuestra sociedad a querer buscar una solución desesperada a un problema que aunque conocemos, no sabemos dónde se origina: el olvido de nuestros niños y la impunidad.