Previamente me he referido a la propagación de los litigios climáticos en todo el mundo. En efecto, estos litigios se han convertido en una herramienta clave para la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta que la legislación y las políticas no avanzan tan rápido como la crisis climática lo requiere. A pesar de que el Informe del IPCC de 2022, reconoce la interdependencia del clima, la biodiversidad y las personas y hace hincapié en la necesidad urgente de adoptar medidas inmediatas y más ambiciosas para hacer frente a los riesgos climáticos, las acciones son insuficientes.

A su vez, se ha reconocido que los impactos del cambio climático exacerban las desigualdades, aumentan la pobreza y afectan de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, tales como niños, mujeres y pueblos indígenas. Además, se han identificado impactos diferenciados en las regiones más vulnerables, como América Latina y el Caribe. Por esta razón, es importante difundir el litigio estratégico, como una herramienta para los niños, niñas, jóvenes y comunidades víctimas de los efectos negativos del cambio climático en nuestra región.

En efecto, el litigio climático empodera por un lado a los jueces, pues los mismos emiten decisiones judiciales en contra de empresas por sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o por omisiones en la implementación de la debida diligencia obligatoria, y han conminado a los Estados a cumplir con sus compromisos climáticos, como por ejemplo las metas de reducción de emisiones de GEI, conforme al Acuerdo de París. Pero el litigio estratégico también empodera a las víctimas, y se ha convertido en una herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia climática y la protección y garantía de los derechos humanos de las personas afectadas.

Se evidencia entonces que el litigio climático es un asunto complejo pues se trata generalmente de litigios transnacionales, en los cuales los jueces aplican leyes extranjeras con carácter extraterritorial, o incluso han hecho referencia a tratados internacionales, conminando a Estados y empresas a cumplir sus obligaciones en materia ambiental y de cambio climático. Conforme a los datos recolectados en la Global Climate Change Litigation Database, base de datos consolidada por el Sabine Center on Climate Change de la Universidad de Columbia, actualmente se registran 118 casos en contra de empresas, los cuales se clasifican con base en los motivos que les dieron origen: daño climático, transición justa, bonos de carbono, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, publicidad engañosa, evaluación de impactos ambientales y permisos ambientales, divulgación y transparencia. Así mismo, se registran 536 casos en contra de Estados por el incumplimiento de sus obligaciones climáticas, por lo que se evidencia que hay más demandas en contra de Estado, que contra empresas. De igual manera, se identifican tres tendencias en los litigios climáticos: la primera que tiende a la hibridación de los regímenes de derechos humanos a favor del cambio climático, la segunda basada en la construcción de obligaciones jurisprudenciales para los Estados y las empresas con base en los derechos humanos, la tercera encaminada a la mutación de los derechos humanos con el fin de anticipar daños futuros e irreversibles como consecuencia del cambio climático. Por esta razón, el litigio estratégico es una herramienta valiosa que permite difundir el litigio climático y promover buenas prácticas para lograr resultados exitosos en las regiones más vulnerables y en favor de las personas que más lo necesitan.

  En este contexto, la importancia de América Latina y el Caribe en la lucha contra el cambio climático es innegable, teniendo en cuenta que la región cuenta con la selva tropical más grande del mundo, las mayores reservas de agua dulce del planeta y la mayor cantidad de tierra cultivable para la producción de alimentos. Su riqueza natural, convierte a su vez a América Latina en una de las regiones más vulnerables al cambio climático, debido a su propensión a desastres naturales, la enorme presencia de comunidades vulnerables, junto con la fragilidad económica y social de la región.

De esta manera, la región es altamente vulnerable a los efectos de la crisis climática, pese a que sus emisiones de gases de efecto invernadero no son significativas y por el contrario los países desarrollados e industrializados cargan con la responsabilidad histórica del cambio climático. Como resultado, los derechos humanos y ambientales están siendo amenazados en un contexto donde las personas defensoras están en riesgo constante. Pues tristemente, la región ha sido reconocida como la más peligrosa para quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.

El litigio climático estratégico ha crecido lentamente en el continente como una herramienta crucial para complementar el trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades. Sin duda, litigar en el Sur Global y en América Latina es diferente a litigar en el Norte Global, con desafíos particulares que deben ser abordados estratégicamente.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son los desafíos del litigio climático en la región latinoamericana? En primer lugar, como ya se mencionó, la violencia en contra de los lideres sociales ambientales y los defensores de derechos humanos es probablemente el desafío más grande de la región, ya que son víctimas de estigmatización, amenazas y asesinatos. Se ha reconocido que esto obstaculiza el acceso a la justicia ambiental y vulnera los derechos humanos de los defensores.

Otro obstáculo para garantizar el acceso a la justicia climática es por ejemplo la carencia de recursos financieros y de fuentes de información en español, el hecho de que pocas personas se dediquen tiempo completo al litigio climático, la falta conocimiento especializado de los jueces, teniendo en cuenta que los litigios climáticos pueden ser resueltos por un juez civil, administrativo o penal, y que en muchos países, incluido Colombia, no existe una jurisdicción especializada en derecho ambiental. Otro problema es la corrupción y la gran influencia y poderío que ejercen las empresas multinacionales en la administración de justicia, especialmente en los países en vía de desarrollo. A su vez, las dificultades para la implementación de sentencias favorables constituyen un desafío mayor, pues de nada sirve que se reconozcan los derechos en el papel, pero que no se hagan efectivos en la práctica.

Si bien América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático y con una elevada presencia de inversión extranjera directa, en la región se han registrado hasta el momento muy pocos casos. Aunque se identifica una tendencia a un aumento creciente de los litigios climáticos en la región. En este contexto, han surgido diversas iniciativas con el objetivo de brindar herramientas y difundir el litigio estratégico en América Latina.

Por ejemplo, en 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una ONG regional que utiliza el derecho para proteger el ambiente y los derechos humanos realizó el lanzamiento de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, en estrecha colaboración con organizaciones regionales y litigantes que han estado detrás de algunos de los casos más representativos en la región. Se trata de un proceso colaborativo con miras a la sistematización de los litigios climáticos en la región, que le permita tener a los usuarios una base de datos actualizada sobre los casos. Esta plataforma se ha convertido en una herramienta fundamental para la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente pues crea una comunidad de práctica en el litigio y permite establecer alianzas y facilitar el contacto entre las personas afectadas, garantizando la participación de todos.

La sociedad civil ha jugado un rol fundamental en la promoción de estos litigios y en proporcionar asesoría a las víctimas. En estos casos, el cambio climático ha pasado de ser un argumento periférico a convertirse en la base de las acciones legales. Además, el litigio climático visibiliza esta problemática y evidencia el estrecho nexo entre el cambio climático y la garantía de los derechos humanos, evidenciando además la necesidad de exigir responsabilidades a otros actores, como las empresas, y no solo a los Estados, como se ha concebido tradicionalmente. En América Latina, se han gestado visiones legales innovadoras para la protección ambiental como reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, proteger al territorio y su nexo con las comunidades, entender y respetar las cosmovisiones indígenas que tienen como protagonista a la naturaleza, reconocer los derechos de las generaciones futuras, propender por una gobernanza climática multiactor en beneficio de todos.

Por otro lado, la Red de Litigio Estratégico sobre Empresas y Derechos Humanos ha identificado como una de sus principales prioridades el intercambio de experiencias sobre litigio en materia de empresas y derechos humanos. Desde su origen, esta Red ha promovido una idea clave: el litigio estratégico supera los escenarios judiciales. Por esta razón, se han fomentado discusiones en escenarios como las comunicaciones, la construcción de conocimiento, el acceso a peritos y a personas expertas en diferentes temáticas. Sus principales objetivos son: fortalecer capacidades, generar redes de apoyo e impacto de abogados y defensores de derechos humanos, promover el intercambio y aprendizaje colectivo para el litigio estratégico, generar un ejercicio colectivo y colaborativo de acciones de litigio y cabildeo, reconocer la centralidad de las víctimas, propugnar por una opinión publica favorable y garantizar la participación efectiva de las comunidades

Estas iniciativas han permitido identificar puntos clave de análisis del litigio climático en América Latina. Las cifras son ilustrativas: el 45% de los casos son en contra de compañías mineras y petroleras, 8 de cada 10 casos fueron presentados por trabajadores o comunidades afectadas, uno de cada dos casos fueron presentados ante jueces distintos a los del país donde ocurrieron los hechos, es decir se trata de litigios transnacionales, que se realizan ante los jueces de otros países, conforme a criterios de jurisdicción como por ejemplo el país de la casa matriz de la empresa y aplicando leyes extranjeras. Lo anterior refleja, la ausencia de mecanismos de reparación y la falta de independencia del sistema judicial en América Latina, dificultades esbozadas anteriormente. Por otro lado, los derechos reivindicados son el acceso al agua, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la tierra. Se evidencia que los abusos cometidos se manifiestan, en la mayoría, en los sectores altamente dependientes de los recursos naturales, en especial el sector minero energético.

En consecuencia, los temas más frecuentes abordados en el litigio estratégico latinoamericano son: la lucha contra la deforestación del Amazonas y en pro de la protección de otros ecosistemas clave de la región, como por ejemplo los páramos y los manglares; los litigios para detener la expansión de la explotación del carbón, el gas y el petróleo y el uso del fracking; así como para evitar  la contaminación de la atmosférica y mejorar la calidad del aire; proteger los derechos humanos de las personas, grupos vulnerables y comunidades.

Cabe destacar que América Latina ha sido pionera en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mediante la labor de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). Esto se evidencia en el temprano reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, el cual fue plasmado en el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana, en 1988. Así mismo, el sistema interamericano, reconoció la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-2317. De esta manera, el sistema interamericano ha reconocido el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo y justiciable. Así mismo, la Corte Interamericana, en el caso Nuestra Tierra contra Argentina, reconoció por primera vez la responsabilidad de un Estado por la vulneración a los derechos a un medio ambiente sano, al agua y la alimentación.

 

Además, el sistema interamericano ha desarrollado el alcance de los derechos humanos en la emergencia climática, mediante la aprobación por unanimidad de la Resolución 3/21 "Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos”, en la cual reconoce la centralidad del enfoque de derechos humanos en la construcción de instrumentos, políticas y planes de lucha contra el cambio climático; los derechos humanos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica en materia ambiental y climática, como por ejemplo las mujeres y los migrantes; los derechos humanos de los pueblos indígenas, las comunidades tribales, afrodescendientes y campesinas; los derechos de las personas defensoras de la tierra y la naturaleza; los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental. Estos últimos, ya habían sido plasmados en el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. La resolución 3/21 dedica un apartado específico a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y remediar las vulneraciones a derechos humanos en el contexto ambiental y de cambio climático. Se evidencia entonces la manera en la cual la lucha contra el cambio climático ha avanzado en la región, mediante la herramienta del litigio estratégico, pero también a través de los avances del sistema interamericano y de la jurisprudencia nacional en la protección del medio ambiente y de los derechos humanos, impulsado fuertemente por la sociedad civil y por la labor de los defensores de derechos humanos. A continuación, se enuncian brevemente unos casos que se constituyen como ejemplo de litigio estratégico en cambio climático y derechos humanos en la región. El caso Unión Hidalgo c. EDF en México, representa un ejemplo de una comunidad en México que dirige una acción legal contra la empresa francesa EDF ante un juez de Francia, alegando el incumplimiento del derecho a un consentimiento previo, libre e informado de las comunidades frente a un proyecto de energía eólica, en el cual además se denuncian persecuciones y amenazas ante defensores de derechos humanos. Ante este escenario es que los defensores de Unión Hidalgo, ProDESC y el ECCHR se dirigieron a EDF utilizando la ley francesa de vigilancia, una ley de debida diligencia obligatoria para buscar en la justicia francesa un resultado favorable.

Otro caso sucede en Colombia, Comunidades indígenas y otros vs. Ministerio de Ambiente y otros por permiso ambiental para la Mina Cerrejón, en el cual la comunidad indígena Wayuu junto a organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas, promovieron una acción de nulidad contra el permiso ambiental que unifica la explotación de carbón, transporte férreo y operación portuaria del megaproyecto carbonífero a cielo abierto más grande de Latinoamérica ubicado en la Guajira, Colombia a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón de propiedad de las multinacionales BHP, AngloAmerican y Glencore. Los demandantes alegan que la empresa evadió la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental, necesario para tener una licencia ambiental y violó las normas de consulta previa, potencializando una crisis humanitaria e hídrica en el departamento de la Guajira. Como último ejemplo, se enuncia el caso de Agricultor vs. empresa alemana por responsabilidad en el cambio climático y en el derretimiento de los Glaciares de Huaraz, en virtud del cual un agricultor peruano presentó una demanda ante un tribunal alemán en contra de la empresa alemana RWE, alegando que la empresa contribuyó al cambio climático al emitir volúmenes sustanciales de gases de efecto invernadero, teniendo cierta responsabilidad en el derretimiento de los glaciares de montaña, cerca de la ciudad de Huaraz, que conllevaron a un aumento volumétrico de la laguna glacial Palcacocha, lo cual provocó inundaciones en la zona, afectando a sus habitantes

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta la necesidad de abarcar el cambio climático y el litigio estratégico en clave regional, dadas las particularidades que este fenómeno presenta en América Latina. Se destaca el rol de la sociedad civil y de las plataformas y redes de litigio que proporcionan recursos de información y permiten el intercambio de buenas prácticas, así como el relacionamiento de todos los actores involucrados. Es necesario promover una solución colectiva de todos los países de la región con la participación de todos afectados. Así mismo, el estudio, análisis y sistematización de casos es fundamental para identificar los parámetros que permitan unificarlos desde una perspectiva regional, a pesar de las diferencias que se presentan de un país a otro. También es fundamental promover una conciencia pública frente al litigio climático estratégico, pero a su vez capacitar a los funcionarios judiciales y del poder ejecutivo, encargados de dictar e implementar estas decisiones, con el fin de lograr mejores resultados en la implementación de las sentencias. Sin duda, el papel del litigio estratégico y en particular el rol de América Latina, son herramientas fundamentales para enfrentar el cambio climático. Pues, a pesar de los diferentes obstáculos a los que se enfrentan los defensores y las organizaciones de derechos humanos en América Latina para litigar casos, las acciones judiciales y legales representan una oportunidad única para hacer que los responsables del cambio climático y de los abusos de los derechos humanos rindan cuentas y que las personas afectadas tengan acceso a la reparación.

Bibliografía

• Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, 12 de diciembre de 2015, https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_…

• Acuerdo de Escazú – Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, 4 de marzo de 2018, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_e…

• Comunicado de Prensa del IPCC, 28 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/resources/press/press-release-spanish

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 9 de mayo de 1992, https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

• Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm#:~:t….

• IPCC. Informe del I Grupo de Trabajo, “Cambio Climático 2021: Bases Físicas”, 9 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

• Report “Human rights, climate change and business – key messages”. United Nations Human rights Office of the High commissioner (2021)

• Summary for Policymakers Headline statements. IPCC. Grupo de trabajo II. 28 de febrero de 2022. Disponible en : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/resources/spm-headline-statements/

• Niño Castro, N. (2020) “Capítulo preliminar : Emergencia climática : de la crisis a la transformación : prospectiva 2030”, pp. 11-48. En Niño Castro, N, Robayo Galvis, W. Emergencia climática: Prospectiva 2030: XXI Jornadas de Derecho Constitucional. Constitucionalismo en transformación, Ed. Universidad Externado de Colombia.

• Tigre, MA. “Global climate litigation network update # 1” , 11 de marzo de 2022. Disponible en : https://climate.law.columbia.edu/news/global-climate-litigation-network…

• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador (1988), https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protoc…

• Opinión consultiva OC-2317 (15 de noviembre de 2017) Corte Interamericana de Derechos Humanos.

• Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. argentina (2020), disponible en [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf

• Informe “Litigio en derechos humanos y empresas en América Latina: Experiencias desde la práctica”. https://www.business-humanrights.org/es/de-nosotros/informes/litigio-en…

• Plataforma AIDA: https://aida-americas.org/es/blog/litigio-climatico-en-america-latina-y…

• Litigio climático: https://litigioclimatico.com/es

• Sabine center on climate change : https://climate.law.columbia.edu/