La ley tiene como objetivo proteger el derecho a la intimidad de los consumidores al establecer normas para el contacto por parte de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y personas naturales y jurídicas que realicen gestiones de cobranza. Define los canales autorizados, horarios y periodicidad para dicho contacto, buscando preservar el respeto a la intimidad personal y familiar.