Mediante una carta abierta, ONGs y universidades de la región hacen un llamado a los gobiernos para que firmen el acuerdo y adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en los respectivos países. Ha sido firmada por más de 200 actores nacionales, regionales e internacionales que trabajan por toda América Latina y el Caribe en áreas como derechos humanos, medio ambiente y democracia.
Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales han sido reconocidos como un medio fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un canal para que Colombia pueda demostrar mayores y mejores avances en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
“El Grupo de Acciones Públicas ha trabajado por más de 15 años en la protección de los derechos humanos y el ambiente en Colombia. Consideramos que el Acuerdo de Escazú es un instrumento muy importante para el fortalecimiento de la gestión y la política ambiental en nuestro país”, destacó Lina Muñoz, supervisora del GAP y directora de los programas de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.
Aprobado el 4 de marzo en San José (Costa Rica) por representantes de 24 países, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en la región que establece garantías sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública, acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.
