Para visibilizar el impacto socioeconómico que está generando el desminado humanitario en territorios que han sido afectados por la presencia de artefactos explosivos en Colombia, la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y el Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) realizaron el simposio “Construyendo territorios de oportunidades”.
En este encuentro la Universidad del Rosario, UNMAS Colombia y organizaciones de acción contra minas antipersonal presentaron los resultados de investigaciones sobre los efectos que ha generado el desminado en zonas que fueron afectadas por la presencia de artefactos explosivos y que han sido beneficiadas por operaciones de desminado. El simposio contó con la participación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), The HALO Trust y el Centro Internacional para el Desminado Humanitario de Ginebra (GICHD).
“Fabricar e instalar un artefacto explosivo improvisado puede costar unos cuántos pesos, pero destruirlo puede costar miles de dólares. Sin embargo, solo invirtiendo en estas operaciones eliminamos este nefasto legado del conflicto que sigue causando muerte y dolor, incluso después que los fusiles han sido silenciados. Con estas evaluaciones mostramos el impacto real que está generando el desminado más allá de los metros cuadrados de tierra liberados”, destacó Pablo Parra, director de UNMAS Colombia.
En el evento intervino Juan Fernando Vargas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, quien junto con los investigadores Mounu Prem y Miguel E. Purroy realizaron una evaluación de los impactos económicos y sociales del desminado en el país.
“Colombia es, después de Afganistán, el segundo país del mundo con más víctimas de minas antipersonal. Si nos enfocamos en artefactos explosivos improvisados (hechos de forma artesanal, y cuya explosión es menos controlable y mucho más letal), Colombia supera, por mucho, a cualquier país del mundo”, indica el análisis de los investigadores de la Universidad del Rosario.
En su análisis señalan que “para el despegue de las iniciativas de desminado humanitario en el país un elemento fundamental fue el inicio de la negociación de paz con las FARC a finales de 2012 y la subsiguiente caída en la intensidad del conflicto armado, que hizo las labores de desminado en el territorio más seguras”; y añaden que “al 31 de julio de 2021, las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en labores de desminado habían identificado 2.272 áreas posiblemente minadas, de las cuales la presencia de minas antipersonal se había confirmado en poco más de la mitad y 645 habían sido desminadas en su totalidad”.
Efectos del desminado en Colombia
Los investigadores de la Facultad de Economía del Rosario estudiaron los efectos del desminado sobre la actividad económica local, el desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas, la actividad económica ilegal (como cultivos de coca o minas ilegales de oro) y la incidencia de actividades económicas extractivas asociadas con fenómenos de deforestación.
Sus resultados sugieren que “el desminado humanitario mejora las condiciones socioeconómicas (es decir la luminosidad nocturna y la densidad poblacional). En particular, cada evento de remoción integral de minas aumenta el PIB municipal en 0.8%, y que los beneficios económicos del desminado humanitario superan sus costos 7 veces”. Además, encontraron que “al liberar zonas enteras de la amenaza de minas, el desminado humanitario aumenta el desempeño educativo de los niños en pruebas estandarizadas SABER”.
Los resultados de los investigadores sugieren “que la remoción de minas es deseable y genera consecuencias muy beneficiosas para el desarrollo local si en contextos específicos y en particular si los esfuerzos de desminado se enfocan en la remoción total de las minas de las zonas focalizadas y además se complementan con políticas activas de presencia institucional y desarrollo local”.
UNMAS, por su parte, presentó durante el simposio la primera metodología estandarizada en Colombia que permitirá a todas las organizaciones de acción contra minas realizar mediciones efectivas del impacto socioeconómico que sus operaciones de desminado están generando en los municipios beneficiarios.
