Como importante para la defensa del medio ambiente del país calificó el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario la decisión del Ministerio de Ambiente de expedir, el pasado 3 de agosto, la Resolución 1496 de 2018 que crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA), que busca la acción integrada del Estado y la promoción de políticas, planes y programas respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales.
Con esta Mesa Intersectorial se formaliza una novedosa instancia de diálogo ambiental con la participación de la sociedad civil, de los grupos étnicos, de las entidades territoriales, de las instituciones del Sistema Nacional Ambiental y de los sectores económicos, destacó Lina Muñoz, supervisora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) y directora de los programas de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.
A menos de dos meses de la apertura a firma en la Asamblea General de Naciones Unidas del Acuerdo de Escazú (primer instrumento en Latinoamérica y el Caribe para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales), Colombia formaliza la creación de una novedosa instancia de diálogo y fortalecimiento de la democracia ambiental en el país.
“La Mesa Intersectorial apoyará, entre otras acciones, el proceso de ratificación e implementación nacional del Acuerdo de Escazú, el cual estará abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe a partir del 27 de septiembre próximo en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Instalado el nuevo gobierno, Colombia deberá iniciar las gestiones para la firma y ratificación del mismo”, comentó Lina Muñoz.
Cabe recordar que desde noviembre de 2016 se conformó la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) por iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la sociedad civil, para promover la implementación de los derechos de acceso en asuntos ambientales, pilares de la democracia ambiental, establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente de 1992 y el desarrollo y perfeccionados por la Constitución y la normatividad en Colombia.
En los últimos dos años, la MIDA se reunió de manera voluntaria con el fin de articular acciones entre los diferentes sectores nacionales para la garantía del Principio 10 en el país y para analizar la posición de Colombia en el proceso de negociación regional del Acuerdo de Escazú, que impulsa la CEPAL, indicó la directora de los programas de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.
Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú constituye un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en América Latina y el Caribe y establece obligaciones de los países para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales.
Este fue adoptado en marzo pasado en Costa Rica durante la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, en la que participaron 24 países de la región.
