Por medio de la presente se pretende agilizar los trámites, reducir la congestión de los procesos y resolver las principales contradicciones del Código. Así pues, entre los cambios sustanciales introducidos se encuentra que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad contra los actos administrativos (i) proferidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos y (ii) de los actos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a 500 SMMLV. Por otra parte, establece que en materia de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso: 250 SMMLV en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.
 

La presente ley tiene por objeto reconocer la política pública de hábitat y vivienda corno una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos. Siendo esta aplicable esencialmente a las actuaciones que desarrollen las autoridades administrativas en el marco del diseño, de la formulación ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública habitacional, en especial, aquellas a cargo del Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las autoridades ambientales, las entidades descentralizadas, las áreas metropolitanas y todas las demás que desempeñen funciones tendientes a lograr la satisf¡acción del derecho a una vivienda y hábitat dignos.

Se establece una modificación a la tabla por la cual se liquidan los honorarios de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, procurando que los valores de sus ingresos por concepto de honorarios en ningún caso sean inferiores a un SMMLV, dejando a cargo de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, el pago de la cotización de la seguridad social, garantizando el derecho al trabajo digno, sin poner en riesgo la transparencia del acceso a la función pública.
 

Por medio de la presente se amplía la emisión de la Estampilla de la Universidad de los Llanos hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000.00) adicionales a los recaudados.
 

Se otorga la autorización para que al Concejo Distrital del Distrito Especial de Buenaventura para que expida el acuerdo municipal que ordene la emisión de la estampilla "pro hospitales públicos del Distrito de Buenaventura" hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000), valor fijado a precios constantes de 2020.
 

La presente busca modificar el  artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 194 del Decreto-ley 4633 de 2011, 123 del Decreto-ley 4634 de 2011 y el artículo 156 del Decreto-ley 4635 de 2011.
 

A través de esta ley se establece un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Este marco delinea un enfoque regionalizado partiendo de las realidades socioeconómicas de cada una de las regiones.

Mediante la presente se busca incorporar al ordenamiento jurídico colombiano lo establecido en el acuerdo comercial entre Reino Unido e Irlanda del Norte, Colombia, Ecuador y Perú.

Mediante la presente se añade a Puerto Colombia, Atlántico como municipio no ribereño en la jurisdicción de Cormagdalena buscando que este ente asuma los costos derivados de la contaminación del río Magdalena que actualmente afectan las playas de Puerto Colombia.

La presente tiene el objetivo de establecer una condición especial bajo la cual los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comunitario y de interés público, y los operadores del servicio de televisión comunitaria puedan acogerse a un descuento del 100% de la deuda a su cargo por obligaciones pendientes de pago por conceptos de capital, sanciones e intereses, a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información.