Divulgación Científica

El Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel) adjudicó 11.000 millones de pesos a la construcción de una pequeña central hidroeléctrica en el municipio turístico de Bahía Solano, que, pese a sus grandes atractivos naturales, aún no cuenta con el servicio de energía. La obra se construirá en el Parque Nacional Ensenada de Utría, dentro de los límites del resguardo indígena de la comunidad embera del río Boroboro, en la quebrada de Mutatá”, dice un artículo publicado en el diario El Tiempo, el 3 de agosto de 1996.

De esa manera, el reconocido medio nacional registró la llegada de la luz a algunos municipios de Chocó. Lo que el periódico no registró fue que un año atrás, contrario al imaginario colectivo, la comunidad indígena embera de la zona se había unido a la protesta de sus vecinos afrodescendientes para lograr la construcción de la hidroeléctrica que involucraba uno de sus lugares sagrados: la cascada Mutatá.

“Estaba definiendo mi trabajo de la tesis. Mi enfoque inicial fue el ecoturismo; sin embargo, estando allí, empecé a virar hacia el manejo de los recursos naturales en la zona y así llegué a centrarme en la historia de la hidroeléctrica”, recuerda Nicolás Acosta García, doctor en Antropología Cultural de la Universidad de Oulu, en Finlandia, hoy investigador de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, que con su tesis doctoral buscó ahondar en las razones de la comunidad embera para unirse a la protesta por la construcción de la hidroeléctrica.

“Buscamos una manera de escuchar la voz de los embera y hallamos algo que no se esperaba: la comunidad indígena hizo propaganda en favor de una hidroeléctrica que sabía que deterioraría su medioambiente. Y ese es uno de los puntos más importantes de esta investigación. En general, se tiende a tener la preconcepción de que las comunidades indígenas son las defensoras de la naturaleza, sus guardianes, pero, realmente es una descripción romántica, paternalista que les quita su propia voz”, explica Katharine N. Farrell, profesora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario y una de las directoras de la tesis doctoral de Acosta García.

Partiendo entonces de esa idea, los investigadores encaminaron el estudio hacia las motivaciones y expectativas que anticiparon las protestas. El planteamiento fue que la movilización social de la comunidad afrodescendiente por el desarrollo se enmarca en la continuación de la lucha por su participación social y política. También, que la participación de los embera, además de un acto de solidaridad con sus parientes afrodescendientes, era una actuación de lo que Herbert Marcuse ha llamado ‘denegación’ practicada por el ‘sujeto metaindustrial,’ un concepto social desarrollado por Ariel Salleh, ecofeminista y estudiante del trabajo de Marcuse.

“El concepto de Salleh del sujeto metaindustrial parte de cómo los seres humanos nos relacionamos con la tecnología y con el mundo industrializado y moderno: el sujeto metaindustrial no es dependiente de la tecnología moderna para su sustento. Nos invita a repensar cómo se crea el bienestar humano, con un uso de los recursos naturales basado en nuestras relaciones éticas y materiales con lo que nos rodea”, afirma Farrell, experta en ecología económica.

Teniendo en cuenta lo planteado por el filósofo y sociólogo de la Escuela de Frankfurt, el estudio usa el caso para mostrar cómo las estructuras históricas, que se remontan a la época colonial, no solo continúan permeando y formando el futuro de ambas comunidades, sino que influencian las formas en que estas pueden alzar su voz para ser escuchadas en la capital del país. Es decir, estas estructuras coloniales de larga duración influencian las formas en que las comunidades locales, afrodescendientes e indígenas, se involucran y rechazan proyectos del desarrollo del estado colombiano contemporáneo.

El origen de la protesta

El Resguardo Alto Río Valle y Boroboro se ubica en la parte sur del municipio litoral de Bahía Solano, en el Chocó, al oriente de las estribaciones de la serranía del Baudó, lugar en el que habitan más de 700 miembros de la comunidad embera. En 1995, la necesidad de tener conexión eléctrica, impulsada en gran parte por el turismo, llevó a la población afrodescendiente de Bahía Solano a exigir una solución.

Con el ánimo de generar un mayor eco en la protesta, las comunidades afrodescendientes invitaron a los embera a unir su voz, ya que la central hidroeléctrica se construiría en un sitio cosmológicamente importante para la comunidad indígena: la cascada de Mutatá. Esta, les informaron a los embera, no se encontraba dentro del resguardo y por ello las autoridades no necesitaban permiso para utilizar el terreno.

Justamente, esta es la razón por la cual unos miembros de la comunidad embera, que no estaban particularmente preocupados por asegurar el acceso a la electricidad, decidieron participar en la protesta de la comunidad afrodescendiente, tras enterarse de que no tenían derechos legales para controlar lo que sucedería con la cascada.

Para los investigadores, la unión de los embera a la movilización puede interpretarse como un acto de rechazo ante la autoridad, que había negado su soberanía sobre la cascada. “El concepto de 'denegación' de Marcuse, entendido como el único recurso restante para rechazar la opresión total de la tecnología como ideología, nos permite interpretar la posición aparentemente autodestructiva de los embera como una afirmación de su soberanía. Aunque habían perdido la capacidad de determinar el propósito para el cual se debería usar la cascada, aún podían ejercer una forma de soberanía sobre su disposición al negarse a permitir que el Estado incumpliera sus obligaciones con sus hermanos y hermanas afrodescendientes”, se lee en la investigación.

En 1998 se inició la construcción de la Microcentral Eléctrica Mutatá, que ocupa 30 hectáreas de selva, varias en el territorio ancestral embera. Desde su puesta en marcha, el servicio de energía se vende por medio del Grupo Empresarial del Pacífico S.A. (Gepsa) a los habitantes del municipio de Bahía Solano y se brinda de manera gratuita a la comunidad indígena.
 No es justo asumir que los indígenas deben ser los guardianes del medioambiente

Una segunda protesta que analizó la investigación se llevó a cabo en 2009. Entonces las mismas comunidades exigieron la reparación de la infraestructura, después de que un deslizamiento de tierra dejó a la hidroeléctrica fuera de servicio durante un largo año.

Cuando Acosta García llegó a Boroboro, en 2015, se encontró con una desconfianza provocada por décadas de promesas incumplidas y ausencia de diálogo. “Tienen mucha prevención porque, por ejemplo, parte de los atractivos turísticos era llevar a los visitantes a sus comunidades, sin un diálogo previo, y se sentían exhibidos”, explica el antropólogo.

Estando en El Valle, y tras días de paciencia y de trabajo, Acosta García logró contactar a la comunidad. Durante tres horas recorrió las aguas cristalinas en una canoa con motor, hasta la población de Boroboro, donde recibió una negativa de parte de la comunidad embera. “No hubo mayor explicación más allá de que no les interesaba hablar conmigo. Regresé al Valle y un tiempo después me relacionaron con un miembro de la comunidad embera que me hizo un segundo contacto y me sugirió enviar una carta. Tras unos días de incertidumbre, me permitieron volver y me dieron la esperanza de que lo tomarían en cuenta. Me dijeron que regresara en un año. ¡Un año! Así, bajo sus condiciones, logré empezar a trabajar con ellos”, cuenta el investigador.

En general, se tiende a tener la preconcepción de que las comunidades indígenas son las defensoras de la naturaleza, sus guardianes, pero, realmente es una descripción romántica, paternalista que les quita su propia voz”, explica Katharine N. Farrell, profesora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario.

“Ellos van a mirar tu alma. Si ven que vas a respetar su dignidad, que trabajas de manera respetuosa y colaborativa, ellos te contarán su historia”, dijo Farrell al conocer la respuesta de los embera. “Lograr entrar fue algo muy importante. No es fácil incluso para quienes trabajan en el territorio. Se logró cuidando la dignidad de las comunidades. Si nos comunicamos con ellas de una manera solidaria, en la que todos los actores se reconocen como sujetos metaindustriales, hay un mayor entendimiento. Eso hizo Nicolás”, recuerda la profesora con doctorado en Politología.

En los dos años de investigación de campo se realizaron en total 38 entrevistas, con 56 personas, entre las dos comunidades, afrodescendiente y embera, a veces en grupos, pero principalmente individuales. Además, se recopiló información mediante la observación participativa, se tomaron notas de campo y se tuvieron en cuenta las conversaciones informales con miembros de ambas comunidades. Con toda esta información en la mano, Farrell y Acosta García se encontraron en Berlín (Alemania) gracias a una beca Erasmus+ (Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios) otorgada a este último y que les permitió trabajar juntos en el estudio.

“Una de las cosas más valiosas es que hayamos logrado contribuir con nuestra explicación sugerida del comportamiento de la comunidad embera, es que no la obliga a ser ‘guardiana del medioambiente’ y también la saca del estereotipo del ‘indígena modernizado’. Construimos una descripción del comportamiento que la libera de estar obligatoriamente en una de esas dos categorías, ambas producto de la mirada del colonizador”, afirma Farrell.

Para Acosta García, lo importante es la contribución al debate en torno al multiculturalismo y al desarrollo. “Esto se puede ejemplarizar con la coyuntura de la COVID-19: se buscan soluciones rápidas para problemas muy complejos, pero no se puede pensar que la ciencia tiene soluciones mágicas. Nuestra idea es contribuir al debate con datos que permitan entender mejor una realidad, no llegar a una conclusión exacta de cómo trabajar o en qué vía”, dice.