Cultura y sociedad
Por:Mauricio Veloza
Foto:Milagro Castro, Juan Ramírez, Alberto Sierra
El gran riesgo de todo esto es que la movilización social abra un nuevo ciclo de violencia en el país.
La frase de Juan Carlos Guerrero, profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, y director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (Orac) del Rosario, que realiza un seguimiento a la protesta social en Colombia, refleja hasta qué punto llegó el estallido social que se ha vivido en el país este año.
“Lo que está pasando es que estamos en un momento de crisis de gobernabilidad, generada por una incapacidad del gobierno para atender una serie de demandas sociales que han venido acumulándose desde hace mucho tiempo en el país. Unas demandas que no han sido bien atendidas y que se exacerbaron con la afectación que generó la pandemia, especialmente en las poblaciones más vulnerables”, dice.
Buena parte de esas demandas se dieron durante las jornadas de noviembre de 2019, las cuales estuvieron más centradas en educación, salud, reforma pensional y laboral. En eso coincide la profesora María Angélica Prada, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y abogada con maestrías en Derecho Internacional y en Antropología de la Universidad de los Andes.
Ella se une a las voces que han señalado a la inequidad social y a la sensación de no futuro y estigmatización que vive la juventud como claro origen de las movilizaciones. “Los jóvenes tienen la sensación de que Colombia no les está dando una perspectiva de una buena vida hacia el futuro, en el sentido de oportunidades de trabajo, de estudio, de desarrollarse personalmente”, asegura.
A esas dos razones, la profesora agrega una rabia masiva por la indiferencia y la violencia del Estado ante lo que sucede con una parte de la sociedad que se ha visto fuertemente afectada por la pandemia. Esta “profundizó la pobreza, el hambre, la desigualdad, el desempleo, la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres”, señala.
“Colombia debe aprender una lección y reconocer que somos un país con diferencias y violencias que provienen de unas desigualdades estructurales muy grandes para poder sanar. Debemos dejar de estigmatizar a las poblaciones históricamente oprimidas y empobrecidas”, señala la profesora María Angélica Prada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
En el 2019, explica el profesor Guerrero, se generó un ciclo de protesta muy particular en el cual convergieron diferentes sectores sociales que lograron articular demandas y hacer surgir el Comité Nacional del Paro (CNP) con su pliego de más de cien reclamos y la materialización de un paro nacional de gran envergadura.
“Ello vuelve a estallar en 2021 porque el paro se desinfló en el momento en el que surgió la pandemia. El gobierno había establecido unas mesas de diálogo que no llegaron a ningún lugar y no le puso mucha atención a lo que se había discutido allí. Ya vimos lo que pasó”, afirma.
Para la profesora Prada las diferencias entre los dos paros saltan a la vista. En 2019 las movilizaciones fueron mucho más urbanas y se manifestaron en las principales ciudades del país; fue un paro poco rural. “En 2021, en cambio, vemos una mayor descentralización del paro, lo vemos en las carreteras, en las veredas. Mucho más activo en las ciudades como Cali, Pereira y Popayán”.
Para Guerrero, esa descentralización obedece a que el paro de 2021 es mucho más popular, menos vinculado a las organizaciones formales que tradicionalmente realizan las movilizaciones en Colombia.
Otra diferencia clara es el rol del (CNP). En 2019, el comité aún mantenía una legitimidad frente a la organización de las movilizaciones. En 2021, aunque sigue convocándolas, su legitimidad fue cuestionada, lo que hizo que la movilización fuera mucho más espontánea y menos organizada que la de hace dos años.
“En 2020 el CNP hizo unas asambleas en las cuales generó una ruptura con el movimiento social, juvenil e indígena porque maneja una visión muy jerárquica de la democracia representativa y lo que los jóvenes y mujeres están pidiendo son espacios democráticos mucho más profundos y horizontales”, sostiene la profesora Prada.
Los jóvenes, protagonistas
Precisamente, la tercera medición del Estudio de percepción de jóvenes adelantado por la Universidad del Rosario, la Casa Editorial El Tiempo y la firma Cifras y Conceptos, del primer semestre de 2021, evidenció que los jóvenes eran un elemento importante en las marchas. El 63 por ciento de ellos se había manifestado de alguna manera en el paro, mientras que en 2019 lo había hecho el 43 por ciento. Lo hicieron por la falta de confianza en las instituciones y las preocupaciones que tienen como son el desempleo, las dificultades para acceder a educación, en resumen, el miedo a la seguridad personal.
“La sensación generalizada de desasosiego, tristeza o desesperanza es más una sensación de no futuro y estigmatización. Es el miedo a que no les estamos ofreciendo una vida digna deser vivida en nuestra sociedad”, señala la profesora Prada.
Según la encuesta, la emoción que más predominaba en ese momento en los jóvenes era la tristeza con un 33 por ciento, seguida de la ira y el miedo. Frente a temas como su salud emocional, su empleo y su economía, la mayoría sentía que había empeorado.
“Las cifras de la encuesta explican, de cierta forma, por qué a veces los jóvenes recurren a la violencia, aunque no la justifican. Muchos jóvenes piensan que a veces no hay otra opción. Si como sociedad no nos tomamos en serio las reivindicaciones de los jóvenes vamos a tener una generación perdida”, explica la docente.
En la perspectiva de Guerrero es importante empezar a diferenciar esa categoría de jóvenes, que no son un sector social homogéneo. Asegura que en un país con desigualdades tan grandes como Colombia, hay jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar o ir a la universidad, que se organizan en movimientos estudiantiles, pero también existen los jóvenes que son marginados, no tienen acceso a la educación, no estudian ni trabajan. Jóvenes con un resentimiento social muy fuerte, una ira social contenida y con dificultades para organizarse. En suma, quienes muchas veces se desahogan con actos de vandalismo.
Juan Carlos Guerrero, director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (Orac), enfatiza: “Una sociedad que aspira avanzar hacia el posconflicto debe entender que el fin del conflicto armado no va a significar el fin de los conflictos, sino su transformación. Los conflictos son propios de cualquier sociedad, el problema es cómo se tramitan y se resuelven”.
Sin duda, otra nota predominante de la protesta social de 2021 en Colombia la constituyen los actos vandálicos, con destrucción de la infraestructura pública y la propiedad privada, así como la represión estatal, que en muchos casos fue desmedida. Hechos que generaron una espiral de violencia en las calles.
Para la profesora Prada, la palabra vándalo debe ser empleada con sumo cuidado, ya que tiene relación con la manera como los diferentes Estados alrededor del mundo han denominado a sus enemigos internos para construir políticas de seguridad. “Son palabras que generan la ‘otredad’ de las personas. En Colombia se han usado a lo largo de la historia palabras como ‘insurgentes’, ‘terroristas’ y ahora ‘vándalos”, asegura.
Y agrega: “Una vez calificas a una población con ese concepto de otredad (que no forma parte de la comunidad), estás legitimando el uso de la violencia por parte del Estado contra ese grupo; es como si les estuviéramos quitando sus derechos ciudadanos”, asegura.
Esta abogada y docente rosarista también propone diferenciar entre lo que es violencia y lo que son actos disruptivos. “Un bloqueo de una carretera no es vandalismo ni violencia. La Corte Constitucional estableció que el bloqueo de vías per se no es un delito porque es un mecanismo legítimo de protesta cuando las vías institucionales están agotadas, siempre que no sea ilegal”, dice.
Frente al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que ha sido documentado por varias ONG, como Temblores ONG, el profesor Guerrero piensa que es un tema preocupante, al que se le debe poner mucha atención.
Otra nota predominante de la protesta social de 2021 en Colombia la constituyen los actos vandálicos, con destrucción de la infraestructura pública y la propiedad privada, así como la represión estatal, que en muchos casos fue desmedida. Hechos que generaron una espiral de violencia en las calles.
Desde su perspectiva, lo que existe es un problema de falta de preparación de la fuerza pública frente a un contexto nuevo, el del posconflicto. “Controlar unas manifestaciones es algo muy distinto a enfrentar guerrilleros o narcotraficantes. El Acuerdo de Paz no iba a poner fin a los conflictos, porque hay muchos problemas estructurales del país que iban a emerger a partir de movilizaciones sociales. Esta es una forma de expresión de la conflictividad social”.
Adicionalmente, continua el director del Orac, la fuerza pública ha cometido excesos que han llevado a un efecto de ‘bola de nieve’, lo cual provoca una desconfianza creciente en la ciudadanía y genera reacciones violentas a mayor escala.
En este sentido, los dos analistas coinciden en que la discusión en torno a la reforma estructural de la Policía y del Esmad es muy importante y debe darse. “Hay que tener una visión diferente de la seguridad en Colombia, una visión más humana, que pasa por la reducción de la pobreza o por mayores oportunidades laborales. No es solo un tema de represión”, afirma Prada.
Para el profesor Guerrero, “el florecimiento de la democracia participativa y de la movilización social se le atribuye en buena medida a la crisis de la democracia representativa”. En ese sentido, considera que el Estado debe atender los problemas estructurales del país, que se reflejan especialmente en las regiones, y ganar la confianza de la población con actos sinceros de perdón y con un respeto profundo por los derechos humanos.
Para la profesora Prada, la palabra vándalo debe ser empleada con sumo cuidado, ya que tiene relación con la manera como los diferentes Estados alrededor del mundo han denominado a sus enemigos internos para construir políticas de seguridad. “Son palabras que generan la ‘otredad’ de las personas. En Colombia se han usado a lo largo de la historia palabras como ‘insurgentes’, ‘terroristas’ y ahora ‘vándalos”, asegura.
“Hay que ponerle freno a la escalada de violencia y reconocer esos excesos de la fuerza pública. Se deben llevar a cabo investigaciones y el Gobierno debe enviar un mensaje que le permita a la ciudadanía tener una mayor confianza en el Estado”, dice.
Por su parte, la profesora Prada cree que Colombia será un país diferente después de las movilizaciones históricas de 2021. “No necesariamente porque lleven a un cambio estructural, pero sí creo que es algo que va a quedar en la memoria colectiva de nuestra sociedad y va a tener un impacto en la forma como la sociedad se relaciona entre sí y con el Estado”.
La profesora María Angélica Prada elaboró recientemente una investigación titulada: A parar para avanzar: sentir y actuar el Paro Nacional de 2019, junto con Andrea Lopera Lombana, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, como parte de una investigación financiada por la Fundación Rosa Luxemburgo, en varios países, sobre las movilizaciones de 2019 en Latinoamérica. Este artículo buscaba entender tres asuntos principales: cuál fue el rol de la juventud en ese paro de 2019, cuáles fueron las relaciones afectivas que mantuvieron el paro vivo durante esas semanas (el miedo, la rabia, la solidaridad, la esperanza) y cuál fue el rol de las mujeres. Así mismo, junto con Alexandra González, ex coordinadora del área de Democracia y Protesta del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, publicaron el artículo El Estado no nos cuida: atmósferas de (in)seguridad en el ejercicio del derecho a la protesta en Bogotá, en el que destacan la tendencia a que haya regulaciones contradictorias en Colombia frente al derecho a la protesta, como resultado de relaciones afectivas contrapuestas frente a la movilización social. “Explicamos que estas contradicciones normativas se dan porque en nuestra sociedad existe una contradicción afectiva frente a la protesta social, y dependiendo de cuál sea la atmósfera afectiva que predomine alrededor de una movilización va a haber mayor o menor represión por parte de las fuerzas del Estado”, afirma Prada.
