La urgencia por avanzar en la legislación que regule los productos imitadores del tabaco, que incluye los que tienen nicotina y los que no, así como los que calientan tabaco, ha ido ganando cada vez más voces a favor. La razón de esto es simple: aunque se trate de un fenómeno relativamente reciente, ya está empezando a tener prevalencias tan significativas, y en algunos casos causando la muerte, como para encender las alarmas.
De hecho, a mediados de noviembre del año pasado, el ministro de Salud de ese momento en Colombia, Juan Pablo Uribe, hizo la petición formal en audiencia pública en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde enfatizó que en esta situación no solo debe hacerse pedagogía o depender de la autorregulación.
Su intervención fue considerada como un buen punto de partida para reglamentar en Colombia los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (Sean), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los calentadores de tabaco, más conocidos como vapeadores o cigarrillos electrónicos.
La preocupación del exministro y otros estudiosos la comparten desde hace algunos años Paul Andrés Rodríguez Lesmes y Juan Miguel Gallego Acevedo, profesores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, quienes vienen trabajando en un proyecto que financia el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá, junto con la Alianza Global para las Enfermedades Crónicas (GACD). Además, los profesores hacen parte de un consorcio en el que está la Universidad del Rosario y otras universidades de Ecuador, Chile, Canadá, Sudáfrica y de Tailandia.
“En esencia, estamos analizando diversos temas asociados al tabaco y a su consumo en las distintas formas. Uno de los temas naturales a los que se ha ido moviendo toda esta investigación es hacia otros dispositivos como los cigarrillos electrónicos”, explica Rodríguez, quien además revela que esta problemática fue planteada en el encuentro Cigarrillos Electrónicos: ¿cómo regularlos en Colombia?, efectuado en el Auditorio Jockey de la Universidad del Rosario, junto con el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa), la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana.
Para abordar lo referente a cigarrillos electrónicos, los investigadores tuvieron como punto de partida la legislación existente, que en el ámbito global (Colombia incluida) es muy escasa. Esto se debe en parte a que dichos sistemas electrónicos surgieron de forma un tanto artesanal, ya que se basaron en métodos tradicionales de lugares como Asia (con la narguile y otros), donde es común usar algún tipo de vapor para tomar la nicotina. A eso se sumó una producción pronta de una cantidad importante de dispositivos nuevos y sabores a unos precios relativamente bajos. Al comienzo, estos no representaron preocupación para los reguladores de salud en el mundo, pero la situación se fue saliendo del límite, como sucedió en China, donde el crecimiento se fue dando sin control.
Es así que, luego de ser poco conocidos, desde hace más o menos dos años los cigarrillos electrónicos se volvieron la sensación entre los más jóvenes, pues los datos muestran que tienen una prevalencia en esa población de entre el 20 y 30 por ciento. Chile alcanzó a registrar una cifra cercana de prevalencia en los jóve - nes del 40 por ciento, lo cual generó inquietud entre las autoridades sanitarias, que aumentó con el hecho de que ningún país tiene hasta el momento definiciones claras sobre cómo controlarlos. Existen proyectos para prohibirlos, como es el caso de Chile, pero, por el momento, son eso: proyectos.
Colombia, también en el debate
El país no es ajeno a la discusión que se está dando en el mundo sobre este tema. Hoy por hoy tiene dos proyectos de ley con los que busca regular la venta y el consumo: el 174 de 2018, del Senado, y el 057 de 2019, de la Cámara de Representantes.
El senador José David Name Cardozo es el autor del proyecto 174, que ha sido criticado por no ser lo suficientemente fuerte, ya que contempla menos restricciones de las que idealmente se deben tener en cuanto a la prohibición de su uso por menores de edad, prohibición de publicidad y prohibi ción en espacios libres de humo.
El proyecto 057, en cambio, tiene mayor respaldo entre organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Fundación Anáas y Red Papaz, por ser un poco más contundente en las prohibiciones. Sin embargo, el profesor Rodríguez sostiene que “el objetivo general de los dos es casi que tomar la regulación que existe de tabaco y aplicársela a los cigarrillos electrónicos”.
Representantes de las Unidades de Trabajo (UTL) de Cámara y Senado que están impulsando los proyectos participaron a finales de 2019 en el mencionado encuentro Cigarrillos Electrónicos: ¿cómo regularlos en Colombia?, donde fue evidente que existen discrepancias entre los puntos de vista.
Por ejemplo, en el proyecto 174 no quedaba tan claro lo que podría suceder en materia tributaria, como tampoco si se incluirían los cigarrillos electrónicos en general o solamente los que contienen nicotina, o los productos que tienen que ver con el tabaco; es decir, quedaba una puerta medio abierta.
En ese espacio, en el que participaron asociaciones de consumidores de cigarrillos electrónicos, tabacaleras y otros representantes del sector, se buscó generar conocimiento sobre el estado de la situación y discutir los proyectos que, lastimosamente, se vieron afectados en el curso legislativo por la llegada de la pandemia del covid-19 a Colombia.
Para los docentes, a diferencia de lo que ocurre en otros países, los proyectos nacionales, en términos generales, tienen puntos de interés para la regulación, pues van más allá de regular productos específicos, como sí ocurre en las iniciativas fuera de Colombia. “Los ejemplos de proyectos legislativos que hay en el mundo están orientados a regular productos que se comen y no los que se vuelven un aerosol. Estos fueron los que el año pasado causaron más fallecimientos. Las muertes muy rápidas en gente joven eran consecuencia de sabores raros que, combinados y calentados, resultaban ser altamente tóxicos”, explica Rodríguez.
El economista Juan Miguel Gallego, director de Investigación e Innovación del Rosario, asegura que “este análisis normativo y las discusiones de política adelantadas con los actores del sector que han estado involucrados dejan claro que se necesita que estas regulaciones se introduzcan urgentemente en el país. Y principalmente lo que se desea es extender las leyes que ya existen sobre el tabaco, impuestos, espacios libres de humo, prohibición a los jóvenes y de la publicidad al vapeo en general”.
