Revista Nova et Vetera

Para unos, el Estado de Israel no es judío en su esencia. Algunos grupos de judíos ultra-ortodoxos como Neturei Karta, Toldos Aharon o HaEda HaHaredit, afirman que el Estado de Israel representa una herejía en la Historia del judaísmo: desde su misma creación, Israel no solo ha infringido sistemáticamente el quinto y el séptimo mandamiento del Decálogo, sino que su fundación no fue llevada a cabo bajo la guía del Mesías, único sujeto capaz de indicarle al pueblo judío el momento justo para establecer un Estado. Para otros (por ejemplo la Corte Suprema de Israel), el fracaso a la hora de separar las esferas de la religión y de la política (reflejado en el hecho de que los grupos religiosos influyan y afecten permanentemente la vida política del Estado) constituye una amenaza directa para la supervivencia de la democracia en Israel.

Desde 1992, con las llamadas Leyes Básicas, Israel fue definido como un “Estado judío y democrático”. Pero según Dorit Beinisch[1], no hay todavía un consenso entre el público religioso (datí) y el público secular (hiloní) sobre lo que significa ser un Estado judío y democrático, y nadie sabe como equilibrar esos dos componentes. A partir de entonces, muchos se han preguntado hasta qué punto la religión judía es compatible con el discurso de la democracia. El problema es que al acudir a la Torá y al Talmud para resolver esta pregunta, se pueden citar los más diversos pasajes para dar las más variadas y disímiles respuestas: desde la conclusión “si es judío no puede ser democrático”, hasta “Israel puede ser democrático precisamente porque es judío”, etcétera. El servicio militar obligatorio en Israel representa un caso emblemático para ilustrar con cierta profundidad las tensiones, los alcances y los matices de esta álgida discusión, puesto que aquí convergen íntimamente las nociones de secularización y democracia.

En el mismo año de la fundación del Estado de Israel, David Ben Gurión llegó a un arreglo con el sector ultra-ortodoxo (haredi) correspondiente al tema de la conscripción. Dicho pacto consistió en que todo joven ultra-ortodoxo podía posponer su servicio militar siempre y cuando demostrase cada seis meses que estaba prosiguiendo sus estudios en una yeshivá[2], hasta completar la edad de exoneración total. De este modo, 400 jóvenes (sobrevivientes todos del Holocausto) fueron eximidos del servicio militar, bajo la condición de que consagrasen su tiempo al estudio exclusivo de la Torá. Este acuerdo adquirió al poco tiempo un status legal conocido con el nombre de Torato Umanuto (Torá como ocupación). Ben Gurión accede a negociar con el sector haredi porque necesita desesperadamente el apoyo de los partidos religiosos para componer una coalición y formar una mayoría parlamentaria.

El primer Primer Ministro de Israel inaugura así la tradición de incorporar las facciones religiosas a la arena política, maniobra que en lo sucesivo imitarán todos los principales partidos a la hora de conformar las mayorías del Gobierno en la Knesset. Por eso el status Torato Umanuto se ha mantenido vigente desde 1948 hasta el día de hoy, a pesar de los múltiples intentos del poder judicial por revertir esta situación. En efecto, en repetidas ocasiones, la Corte Suprema ha señalado las problemáticas implicaciones del hecho de que lo que fue un privilegio para 400 estudiantes en 1948, es hoy extensivo al 12% de una población de 9 millones de habitantes.

Todo ciudadano israelí, sea este judío, druso o circasiano, es incorporado a las filas al cumplir 18 años. Normalmente, la duración del servicio militar es de 2 años y 8 meses para hombres, y 2 años para mujeres; el desertor es siempre castigado con la cárcel. Por esta razón, el público secular no ve con buenos ojos las exenciones de las que disfrutan los jóvenes haredim. Pero para los ultra-ortodoxos, el estudio en las yeshivot está muy lejos de ser una deserción, pues lo consideran como un servicio voluntario al “ejército espiritual del pueblo judío”. De hecho, los haredim afirman enfáticamente que no ha sido la existencia de un ejército sino el estudio de la Torá y del Talmud, lo único que ha garantizado durante miles de años la supervivencia del judaísmo, no sólo evitando la desaparición física sino la asimilación espiritual en un mundo que siempre ha sido hostil con los judíos. El ejército israelí es visto como uno de estos agentes hostiles porque el reclutamiento supone una interrupción inadmisible de los estudios y la disgregación de una comunidad que al estar fragmentada no podrá perpetuar las auténticas prácticas del judaísmo. El ejército es el motor de un régimen secular, un crisol amenazante que pretende fundir la genuina religión judía con el paganismo de un mundo laico. Efectivamente, un alto porcentaje de los pocos jóvenes ultra-ortodoxos que accede a prestar el servicio militar no regresa a su comunidad y pierde su identidad religiosa. Según Yoelish Kraus, miembro de la organización haredí anti-sionista HaEda HaHaredit, todo joven ultra-ortodoxo que ingresa al ejército se convierte en secular.

Señala adicionalmente el público ultra-ortodoxo que el mundo secular y sus agentes influyen negativamente en el joven haredi. En el ejército, el joven religioso está expuesto a dilemas que lo afectan espiritualmente porque se ve en la obligación de ejecutar labores contrarias a las enseñanzas de la Torá. Por eso las autoridades rabínicas manifiestan con vehemencia que el Estado no tiene el derecho de imponerles a los verdaderos judíos unas normas que violan los principios básicos de las Escrituras. Además, si el pueblo judío logró sobrevivir 2000 años en la Diáspora, fue precisamente por no tener Estado alguno. Por eso, varios ultra-ortodoxos han llegado a definirse a sí mismos únicamente como judíos, no como israelíes, pues están vinculados a una Tierra que reconocen como santa pero no a un Estado que sin una legitimación divina sólo representa ocupación y oprobio. Fueron famosas en su momento las declaraciones dirigidas por el rabino Yisrael Eichler a los líderes políticos de Israel: “Ustedes no son miembros de nuestra fe y nosotros no pertenecemos a su pueblo. Ustedes son ocupantes foráneos de la tierra de nuestros Padres y su Estado no es nuestro Estado, su bandera no es nuestra bandera. ¿Qué tenemos que ver nosotros con ustedes? ¿Servirían ustedes en un ejército haredí si el Gobierno estuviera en nuestras manos? ¿Con qué derecho le piden ustedes a un judío haredí que ingrese a las filas de un Estado secular?”. 

Por otra parte, entre los partidos laicos el que más se destaca al tratar este tema es Yesh Atid (hay futuro). Yesh Atid es un partido de centro liderado por Yair Lapid, quien dice representar los intereses de la clase media secular israelí. En 2013, Yaakov Peri, miembro del Parlamento por Yesh Atid, estableció un comité que le propuso al Gobierno las siguientes recomendaciones: dado que el 70% de los jóvenes ultra-ortodoxos es apto para el reclutamiento, dicho porcentaje tiene que integrarse a las filas en un período de tres años. Si este objetivo no se cumple en el período indicado, los haredim que evadan la conscripción serán encarcelados. No obstante, la amenaza de cárcel no fue un elemento disuasorio para los ultra-ortodoxos que, por el contrario, se afianzaron más en sus posiciones. En entrevista concedida a TRT World en septiembre de 2017, Yitzhak Pindrus, miembro de la coalición Yahadut haTorá, expresó que el pueblo judío ha sacrificado absolutamente todo durante 2000 años para que sus jóvenes puedan estudiar las Escrituras, y si el Parlamento determina que es inconstitucional exonerar a los haredim del servicio militar, “… veremos entonces como se las arregla el Estado para encarcelar a 80000 estudiantes de yeshivá”. Este evento permitió que los grupos ultra-ortodoxos pusieran una vez más en tela de juicio la naturaleza judía de Israel, pues si el Gobierno con su Parlamento y sus “Cortes de Gentiles” consideran que estudiar la Torá es un crimen, el Estado podrá preciarse de ser muy democrático, pero no es de ninguna manera un Estado judío.

La percepción dentro del público religioso, en especial el ultra-ortodoxo, es que el Estado emprendió una guerra contra ellos. Cuando los haredim ven que el llamado status quo (el arreglo entre la autoridad secular y la religiosa efectuado por Ben Gurión) está siendo amenazado y que se están haciendo intentos por imponerle el reclutamiento a todos sin excepción, salen masivamente a las calles para sentar su voz de rechazo con pancartas en las que se lee “guerra contra la religión”.^[3] Ese estado de guerra se torna manifiesto cuando muchos de los manifestantes pisotean y queman la bandera de Israel. Acontecimientos de esta índole y declaraciones como las de Eichler, han provocado que la brecha entre laicos y religiosos sea cada vez más insondable, que el odio entre unos y otros crezca a velocidades insospechadas, y que el fenómeno Kulturkampf sea cada vez más evidente en Israel.

En el entorno de un público secular mayoritario representado por algunos partidos en el Parlamento, de un público que en buena medida se expresa a través de la Corte Suprema o de instituciones tales como Hiddush (Renovación para la Libertad Religiosa y la Equidad)[4] o el Instituto Israelí para la Democracia (IDI), han surgido un sinnúmero de argumentos de todo tipo para oponerse a las posturas más arraigadas del sector ultra-ortodoxo. Nosotros nos centraremos únicamente en el análisis de los argumentos liberales y de los que apelan en el debate al principio secular moderno de la igualdad. En primer lugar, para lograr que los jóvenes haredim presten el servicio militar y que de esta forma se integren al resto de la sociedad, no es conveniente que el Estado emplee medidas coercitivas que a la postre serán contraproducentes y que, al decir de Yedidia Stern[5], generarán una auténtica guerra civil.

Los miembros y columnistas del IDI y de Hiddush han manifestado repetidamente que en lugar de amenazar con poner tras las rejas a miles de ultra-ortodoxos, lo más conveniente es que se reduzcan los subsidios estatales para las yeshivot. Dichos subsidios deberían seguir además una lógica de incentivos con el fin de optimizar y dignificar la “comunidad académica” de las escuelas talmúdicas. Como consecuencia, la comunidad académica será más reducida pero estará compuesta por estudiantes de alta calidad y las barreras para aquellos jóvenes ultra-ortodoxos que quieran incorporarse al mercado laboral se reducirán. De esta manera, el servicio militar aumentará y la integración avanzará naturalmente sin necesidad de imponer penalidades. En otras palabras, solamente los estudiantes destacados de yeshivá serán eximidos de la conscripción, pues es bien sabido que muchos no se dedican de tiempo completo al estudio de las Escrituras y que se refugian en las yeshivot simplemente para no ir al ejército.  
     
Para el IDI y la Corte Suprema de Justicia, es imperativo que los ultra-ortodoxos presten servicio militar porque eximir a un sector entero de la conscripción es discriminatorio y por ende intolerable. La exoneración del servicio militar para los haredim representa por lo tanto una violación al principio de igualdad que es un objetivo ético y un derecho fundamental en un Estado que se define como democrático. Para Uri Regev,[6] los partidos ultra-ortodoxos que se las arreglan siempre para hacer coalición de Gobierno y perpetuar el status Torato Umanuto, están poniendo en jaque el principio de la igualdad que es el alma de la democracia. Cuando en 2015, luego de que ante la presión de los ultra-ortodoxos y de sus partidos se anulara la enmienda 19 de la Ley de Servicio de Seguridad de 2014 y con esto se asegurase el aplazamiento indefinido del servicio militar para los estudiantes de yeshivá, Hiddush llevó a cabo una encuesta para determinar qué opinaban los judíos israelíes al respecto. De acuerdo con este estudio, el 82% de los judíos israelíes no ortodoxos desaprobó la maniobra ejecutada por el Parlamento en 2015. Basado en estos datos, Regev criticó con fiereza la decisión del Gobierno, aduciendo que dicha decisión representa una grave herida para la democracia, pues “…el Gobierno pisoteó la igualdad de la carga civil, a sus electores y al pueblo israelí. Es difícil pensar en un consenso nacional más amplio que la oposición a esta nueva ley”.

Las cifras muestran claramente que los jóvenes ultra-ortodoxos no tienen salidas distintas a la integración para mejorar sus condiciones de vida. El 52% de la población haredi vive bajo la línea de pobreza y ¼ de sus familias sufre de inseguridad alimenticia. La vía más expedita de integración social es el ejército. Cerca de un 90% de los ultra-ortodoxos que van al ejército logran incorporarse después al mercado laboral porque durante el período del servicio aprenden oficios prácticos y en general adquieren una educación distinta a la eminentemente religiosa que reciben en sus años de infancia y adolescencia. Este no es solo un argumento económico. También se acude en esta reflexión a razones democráticas y al concepto de inclusión social: si los ultra-ortodoxos se integran al resto de la sociedad podrán salir de la pobreza, mejorar sus condiciones y así será posible disminuir la desigualdad social. La idea no es que los haredim suspendan sus estudios, sino que al tiempo que estudian la Torá puedan mantener a sus familias dignamente. Además hay una serie de beneficios importantes para los ciudadanos que se hayan incorporado a las filas. Por ejemplo, siendo Ministro de Finanzas, Yair Lapid  propuso otorgar descuentos significativos en la compra del primer apartamento a quienes hayan prestado servicio militar.        

El Gobierno ha buscado diversas alternativas para atraer y aumentar el reclutamiento del sector haredi. Ya en 1954 se funda en Israel la primera Yeshivat Hesder, programa que combina el estudio intensivo de la Torá y del Talmud con el servicio militar.[7] En 1999 se crea el hesder que ha adquirido más renombre hasta el momento llamado Netzah Yehudá. Lo particular de Netzah Yehuda (y de la mayoría de los hesderim) es que es una unidad de combate. Esto se explica por el hecho de que la mayoría de los pocos ultra-ortodoxos que ingresan al ejército, exigen ser ubicados en batallones exclusivamente masculinos para no entrar en contacto con el sexo opuesto y no transgredir la mitzvá [8] de no tocar mujer diferente a la esposa. Por eso los haredim son generalmente transferidos a unidades de combate donde no hay mujeres. A pesar de todos los intentos del Gobierno, el número de ultra-ortodoxos conscriptos no ha alcanzado la cifra esperada: en 2016, la meta de reclutamiento era de 3200 jóvenes y solo se presentaron 2800 voluntarios. Pero este número ha aumentado significativamente con los años. Por eso el IDI se muestra optimista de cara al futuro y rechaza de tajo las sanciones revolucionarias propuestas por Yesh Atid que frenarán a la fuerza un proceso cuyo estado es de evolución positiva.

En 2015 los partidos ultra-ortodoxos forman de nuevo una coalición con el Gobierno de Benjamin Netanyahu y logran diluir del todo la enmienda 19 promulgada un año antes por el Parlamento. Esto significó un restablecimiento de los presupuestos destinados para las yeshivot que ya habían sido recortados previamente y un aumento del 10% en 2015 y 2016 del número de estudiantes de yeshivá, estudiantes que por supuesto dejaron de asistir al ejército. A pesar de este retroceso, no se puede ignorar que el proceso venía arrojando cifras positivas durante los últimos ocho años. Este y otros avances son destacados por los miembros del IDI que consideran que Israel está cimentando poco a poco su base democrática porque se está ampliando cada vez más la brecha entre religión y política. Stern subraya por ejemplo que hoy los miembros de la comunidad ultra-ortodoxa tienen acceso directo a Internet y las autoridades rabínicas están perdiendo progresivamente el monopolio de los servicios religiosos; en los últimos veinte años la comunidad religiosa ha enfriado su fervor mesiánico y actualmente el liderazgo haredi no es tan concentrado ni tan jerárquico como lo era anteriormente. Asimismo, algunos de los líderes haredim más intransigentes como Yoelish Kraus están mostrando hoy signos de cansancio.[9]  

Israel en efecto es hoy un Estado mucho más liberal y democrático que hace 20, 30 o 40 años. Ruth Gavison y Alexander Yakobson, profesores ambos de la Universidad Hebrea, señalan que hoy los ciudadanos árabes israelíes tienen importantes derechos civiles y  representación política,[10] y que disfrutan de niveles razonables de bienestar social, educación y seguridad. Además, la libertad de prensa ha aumentado considerablemente en los últimos años y el Parlamento puede hacer hoy una oposición más consistente al poder ejecutivo. No obstante, desde una perspectiva en la que se estudia primariamente el tema de la secularización, es posible hacer una revisión muy crítica de la democracia en Israel. Una minoría religiosa sigue gozando aún de unas prerrogativas de las que una mayoría secular está privada. Por tal motivo, son aún enormes los retos que tendrá que enfrentar Israel en un futuro para separar aún más los campos de la política y de la religión, cuya finalidad sea la de establecer un régimen verdaderamente democrático y no solo un sistema funcional de concesiones, negociaciones y compromisos con los sectores judíos más radicales.                       
 
Conclusiones:
La mayoría de los académicos y periodistas que se han dedicado a estudiar este problema, admiten que el concepto típicamente occidental de secularización no es adaptable para el caso israelí y que todo proyecto de secularización en Israel ha fracasado. Lo que más inquieta a dichos autores es que este fracaso se ha convertido en un factor de desestabilización para la frágil democracia israelí. De acuerdo con Uri Ram, sociólogo de la Universidad Ben Gurión, ha sido imposible desligar la religión judía de la arena política porque el Estado de Israel definió a su “nación” no en términos civiles sino en términos étnicos y lo que determina la esencia y marca los límites de esta nación es la sinagoga. De hecho, Ram llega incluso a denominar el sionismo como “secularismo con una kipá siempre lista en el bolsillo”, dispuesta a usarse en cualquier momento que se requiera. En un artículo publicado en 2013 por el IDI, Yair Sheleg se refirió igualmente a lo problemático que sería la separación de la religión y del Estado en Israel, pues dicha separación encontraría una oposición muy fuerte no solo proveniente de los partidos religiosos sino también de amplios sectores del público tradicional y religioso cuyo apoyo a los partidos no-religiosos es significativo. Lo anterior se explica porque la religión judía sigue siendo un elemento esencial de cohesión nacional. De acuerdo con el profesor de la Universidad Ben Gurión, Guy Ben-Porat, el proceso secularizador en Israel ha sido muy limitado porque ha estado desprovisto de una ideología liberal; lo que se ha cristalizado en Israel ha sido la transferencia de unos valores y símbolos religiosos al plano político, convirtiendo a la ideología sionista en una religión civil, en un escenario en el que la religión judía provee un marco de legitimidad a los actores políticos.
Israel parece encontrarse entonces en un callejón sin salida. Si el público ultra-ortodoxo siente que por medio de la conscripción el Estado le ha declarado la guerra, es justo decir también que los haredim no han sido actores pasivos en esta confrontación. Tanto haredim como hardalim (haredim leumim: sionistas ultra-ortodoxos) han luchado por imponer su propia versión del judaísmo que consideran la más pura, rechazando en su intento todo valor liberal, democrático y pluralista. Esta es una lucha que consiste en fortalecer el monopolio del Gran Rabinato; una lucha por fusionar la religión judía (en su forma ultra-ortodoxa) con el Estado. Resulta muy preocupante que los hardalim estén ocupando cada vez más posiciones importantes en el servicio civil y en la Knesset, porque la aspiración de buena parte del público sionista religioso es la de reemplazar el régimen democrático por una teocracia sustentada en la Halakha[11]. Uno de los más desafiantes retos para la preservación de la democracia en Israel es ciertamente el de poner en cintura a los sionistas religiosos que han convertido el Parlamento en un rehén de las voluntades de colonos, traducidas en el crecimiento exponencial (y discutiblemente democrático) de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén.             
Pero si por un lado el Gobierno israelí debe actuar enérgicamente con los sionistas religiosos, con los haredim debe mostrarse paciente. Hemos visto ya que resulta poco aconsejable apostarle a la revolución planteada por Yesh Atid. De nuevo Stern afirma con lucidez que el proceso de integrar a los ultra-ortodoxos al ejército y al mercado laboral requiere una evolución, no una revolución. Eximir a un sector entero de la población atenta evidentemente contra la igualdad que es un derecho fundamental en un Estado democrático. Pero el principio de igualdad no es un valor absoluto. El estudio de la Torá que provee al Estado-Nación judío de una identidad única, tampoco es un valor absoluto. Según Stern, el principio de la igualdad debe balancearse con el estudio de la Torá para conformar, esta vez sí, el valor absoluto de la solidaridad social. ¿Cómo puede llevarse esto a cabo? ¿Apostarán las autoridades rabínicas, la Corte Suprema y los líderes de Yesh Atid por alcanzar esta solidaridad social? Las elecciones del próximo año serán verdaderamente apasionantes: hasta el momento Lapid es la figura que más se perfila para suceder a Netanyahu en el cargo de Primer Ministro. Pero, ¿qué coaliciones hará entonces Yesh Atid para llegar al poder? ¿Intentará Lapid hacer coalición con el sector religioso al que ha amenazado con la cárcel y con sanciones, o podrá Yesh Atid formar coalición de Gobierno sin integrar a los partidos ortodoxos y ultra-ortodoxos? ¿Preferirá Yesh Atid, antes de acudir a sus enconados rivales haredim, hacer coalición de Gobierno con los partidos árabes para alcanzar la mayoría parlamentaria? Esta última maniobra puede tener un costo político muy alto y tampoco es seguro que los miembros de la Lista Conjunta (que comprende los partidos árabes Hadash, Balad, Ta’al y Ra’am) vayan a aprobar la conscripción de ultra-ortodoxos ya que engrosar las filas del ejército israelí es algo que no está presumiblemente entre sus planes. Veremos que ocurre el próximo año, en unas elecciones que les exigirán ceder a ambas partes ¿Qué tanto cederá cada uno para lograr equilibrar unos valores igualmente importantes?   

Referencias

[1] Presidente de la Corte Suprema de Israel de 2006 a 2012.  

[2] Centro de estudios de la Torá y del Talmud.

[3] Por ejemplo en 2014, entre 250 y 400000 ultra-ortodoxos se reunieron en las calles de Jerusalén para protestar después de que la Knesset efectuara la llamada enmienda 19 de la Ley de Servicio de Seguridad, cuyo propósito era ampliar la participación de los estudiantes de yeshivá en los servicios militar y civil-nacional.

[4] Organización sin ánimo de lucro fundada en 2009. Apoyada por las corrientes del judaísmo Conservador, Reconstruccionista y Reformista, Hiddush tiene como uno de sus propósitos despojar a las autoridades Ortodoxas y Ultra-ortodoxas del monopolio en la reglamentación de los matrimonios, del monopolio de la empresa funeraria en Israel, y anularles el beneficio que los excusa de ir al ejército. Todo esto con el objetivo de que haya una mayor igualdad entre los ciudadanos del Estado.

[5] Profesor de Derecho y antiguo Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bar-Ilan. Columnista destacado del Instituto Israelí para la Democracia (IDI).

[6] Rabino reformista y Presidente de Hiddush.

[7] El programa tiene generalmente una duración de cinco años de los cuales sólo 16 meses están dedicados al servicio militar.

[8] Precepto religioso

[9] Un Kraus resignado ha afirmado en 2017 que toda yeshivá que reciba subsidios del gobierno tiene que enviar a sus alumnos al ejército.   

[10] A este respecto vale la pena enunciar que en 2006, durante la “Segunda Guerra del Líbano”, los representantes de los partidos árabes en la Knesset se atrevieron a elogiar a Hassan Nasrallah mientras Hezbollah lanzaba sus cohetes sobre Galilea, sin que por esto fueran censurados por los miembros del Parlamento. Esto demuestra claramente los avances democráticos de un Estado que se ha preocupado por defender a toda costa el derecho a la libertad de expresión.

[11] Corpus de los preceptos religiosos judíos derivados de la Torá.