El derecho a la memoria
Por:Magda Páez Torres
Foto:Alberto Sierra, Milagro Castro, Juan Ramírez D O I DOI https://doi.org/10.12804/dvcn_10336.36801_num6
Cultura y sociedad
Por:Magda Páez Torres
Foto:Alberto Sierra, Milagro Castro, Juan Ramírez D O I DOI https://doi.org/10.12804/dvcn_10336.36801_num6
Gladys Durán perdió a su hermano y a su sobrino un día de enero, hace 22 años, cuando se ganaban la vida transportando víveres a Bosconia (Cesar). Desde entonces, ella y su familia afrontan un calvario infinito, plagado de preguntas que, hasta hoy, no han sido resueltas. “Por la necesidad de buscar la migaja de plata, se fueron y perdieron la vida. Nosotros queremos saber qué pasó con ellos, tan siquiera para recoger los restos. Hasta el momento, no se ha sabido nada, se los comió la tierra”, afirma en tono suplicante.
Como ella, miles de familias en el país viven un duelo inconcluso; buscan afanosamente respuestas sobre el destino de sus seres queridos, a quienes, más que la tierra, se los tragó la violencia. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, presentado el pasado 28 de junio, fueron más de 400.000 las víctimas mortales del conflicto armado en Colombia entre 1986 y 2016, sin contar secuestros y desapariciones forzadas. Dicho de otro modo por el sacerdote Francisco de Roux, presidente de este organismo, “nos tomaría 17 años darle un minuto de silencio a cada víctima”.
Actualmente –cuando se lleva a cabo la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc– la verdad parece ser un bálsamo para el dolor mal curado de tantos colombianos que esperan darle paz al corazón mediante la recuperación de los restos de sus seres queridos, desandando sus últimos pasos, dejándoles flores en cualquier terreno baldío donde hayan exhalado su último suspiro.
Precisamente, para profundizar en ese andamiaje que supone el derecho a la memoria y a la verdad, los profesores Ana Guglielmucci y Esteban Rozo, del Grupo de Estudios en Identidad (ESI), de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario (URosario), analizaron los avances y trabas que se han presentado para la constitución del Museo de Memoria en Colombia, un lugar que dará cuenta de lo que ha sido el conflicto armado con miras a hacer una reparación simbólica a las víctimas y la sociedad colombiana.
“Decidimos observar cómo se estaba poniendo en marcha este futuro museo y las transformaciones que había atravesado por los cambios que estaba sufriendo el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), qué giros se estaban presentando en esa institución que iba a tomar en sus manos lo que se ha constituido en la memoria nacional sobre el conflicto armado”, afirma la profesora Ana Guglielmucci.
“El museo tiene el papel de difundir, por ejemplo, los hallazgos de la Comisión de la Verdad; difundir una narrativa del conflicto armado que haga justicia a los reclamos de las víctimas”: Esteban Rozo, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario..
Colombia tiene hoy un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el punto cinco del Acuerdo de Paz. Esta estructura está compuesta por la Comisión de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Ello se suma al trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuyo acumulado debiera volcarse al futuro Museo de Memoria.
No obstante, como lo reseña el trabajo investigativo de los académicos de la URosario, la creación de este Museo, cuya presentación se realizó el 9 de abril de 2015 por el presidente Juan Manuel Santos y el entonces director del CNMH, Gonzalo Sánchez, ha sido un camino cargado de dificultades que han estancado el proceso.
La mayor polémica se inició desde el cambio de gobierno en 2018, en el cuatrienio del presidente Iván Duque, con el nombramiento de Rubén Darío Acevedo como nuevo director del CNMH, quien ha sido fuertemente cuestionado por no reconocer la existencia de un conflicto armado en el país.
“Es problemático cuando se niega la existencia misma del conflicto armado. En ello hay un acto de violencia epistémica, es decir, se asume que todo fue una conspiración del lado de las guerrillas o de terroristas que querían acabar con el orden, con el Estado y demás; están negando, por ejemplo, a las víctimas de crímenes del Estado, de las fuerzas armadas, y a partir de allí hay una cantidad de consecuencias que siguen después de esos actos”, argumenta el profesor Esteban Rozo.
Ese fue solo el detonante de un sinnúmero de diferencias que se desatarían posteriormente. Se empezó a hacer una serie de cambios al guion que había diseñado la dirección anterior de común acuerdo con las víctimas.
“Hicimos un trabajo de archivo y encontramos, por ejemplo, que los militares y los otros sectores sociales e intelectuales afines al proyecto del partido del Centro Democráico, entre ellos el exdirector Acevedo, venían implementando toda una agenda desde el interior del CNMH y articulando sus propias políticas de la memoria”, señala el investigador. “Comienzan a andar como una rueda suelta, a hacer un guion cuya narrativa va en contravía de todo lo que ya se había dicho, de lo que ya se había acordado; esos consensos básicos los explotan desde adentro, sin articulación con la JEP ni con la Comisión de la Verdad, porque finalmente no creen en lo que ellos están haciendo”, agrega.
Vale resaltar que en 2013 la publicación del informe “Bas - ta ya: Colombia, memorias de guerra y dignidad” por parte del CNMH, ya había mostrado esta controversia, pues develó a las Fuerzas Militares como autoras de asesinatos selectivos, ejecu - ciones extrajudiciales, masacres, desapariciones y desplaza - miento forzado. Organizaciones como la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) manifestaron su rechazo al considerar el informe como una afrenta. Incluso, varios sectores le pidieron al Gobierno nacional que fuera retirado, una petición que fue desestimada por el CNMH.
Para la profesora Guglielmucci, este tipo de disputas, solo le hacen daño a la verdad. “Aquí estamos viendo políticas de gobierno y no de Estado, cuando se supone que una política de memoria debe estar anclada en reparar a las víctimas, por to - das las vulneraciones a los derechos humanos. Generalmente, este tipo de museos buscan que haya un aprendizaje de estas experiencias, no posicionarse solamente en la perspectiva de uno de los actores. Se trata de construir narrativas de verdad, pero sobre todo de fomentar el reconocimiento de los daños que les fueron ocasionados, y de pensar cuál es el rol de todos en el conflicto, como parte de una sociedad y del Estado, que tendría que funcionar como garante de derechos”, enfatizó.
Otro punto de inflexión en el proceso hacia la creación del Museo de Memoria de Colombia fue la organización, por parte del CNMH, de la exposición Voces para transformar a Colombia, una muestra itinerante sobre el conflicto armado, concebida con la participación de diferentes grupos de víctimas. La idea de un “museo vivo”, a cargo de la curadora Cristina Lleras, comenzó a tener problemas desde el año 2017, por medidas implementadas al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos y que fueron aumentando con el cambio en la dirección del CNMH a finales de 2018.
El estudio señala, citando al entonces director del Museo de Memoria, Rafael Tamayo, que “Acevedo eliminó los textos introductorios de la exposición, cambió el contenido del folleto impreso y suprimió palabras como “guerra”, “despojo”, “resistencia” y “resiliencia” y que, adicionalmente, “en Cali pretendía borrar el capítulo entero sobre la Unión Patriótica”, lo que finalmente no sucedió, al parecer, por oposición del equipo. Sin embargo, la investigación de la Universidad del Rosario reseña que en uno de los afiches fue borrada la figura de Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, por considerarlo “de carácter proselitista y panfletario”.
A raíz de incidentes como estos, colectivos de víctimas como la Asociación Minga y las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), retiraron los documentos y objetos aportados a la CNMH, según registra la investigación.
Fueron tantos los desencuentros que la JEP impuso medidas cautelares temporales sobre la exposición (Auto 058 del 5 de mayo de 2020), en busca de preservarla. Y aunque la CNMH interpuso un recurso de reposición, este le fue negado.
"Yo creo que la JEP interviene justamente porque es una forma de decir que hay lineamientos del Estado colombiano que se deben respetar, y que no pueden saltarse los acuerdos que se han hecho con la sociedad, contando con la cooperación internacional que ha puesto muchísimo dinero para este tipo de políticas y para reparar a las víctimas del conflicto. Romper constantemente los consensos –el trabajo colectivo– genera un daño, porque se vulnera la confianza en esta institución”, puntualiza la investigadora Guglielmucci.
Estamos viendo políticas de gobierno y no de Estado,cuando se supone que una política de memoria debe estar anclada a reparar a las víctimas, por todas las vulneraciones a los derechos humanos”: Ana Guglielmucci, profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.
Hoy, cuando el país logró la reinserción de la mayoría de la guerrilla más antigua del continente y busca sanar las heridas, camino a un escenario de posconflicto, los investigadores de la Universidad del Rosario coinciden en la necesidad de reconocer responsabilidades para lograr detener la espiral de violencia.
“Estas narrativas hegemónicas en torno al pasado tienen que ver con el presente, con la capacidad de cómo vamos a vivir a futuro, por eso son tan importantes. De ahí que quisiéramos mostrar la relevancia de las políticas públicas de memoria y de estos museos, de instalar ciertas narrativas que no solamente queden en un discurso, en una enunciación sin ningún tipo de poder, sino cómo eso legitima otras políticas, por ejemplo, la de restitución de tierras”, comenta Guglielmucci.
Esta tesis la complementa el profesor Rozo, quien sostiene que “dependiendo de cómo se elaboren dichas narrativas sobre el pasado, las posiciones que se asuman, los mismos contenidos y todos los temas relacionados con las verdades sobre el conflicto armado en Colombia, va a haber posibilidades o no de construir un futuro diferente”.
Y aunque mucho se habla de reconciliación en medio de la búsqueda de la paz, Guglielmucci resalta que ello es progresivo y que el primer paso para las víctimas es encontrar respuestas. “A diferencia de cómo se elaboraron estos procesos en otros lugares, por ejemplo, en Argentina y en Chile, donde las organizaciones de víctimas le han dado mucha más prelación al tema de la verdad que al perdón o la reconciliación, creo que el informe de la Comisión de la Verdad y las audiencias que está haciendo la JEP van a permitir, justamente, llevar a cabo este proceso de pretendida reconciliación de una manera mucho más realista. Entonces, el museo tiene el papel de difundir, entre otros temas, los hallazgos de la Comisión de la Verdad; de difundir una narrativa del conflicto armado que haga justicia a los reclamos de las víctimas y que no se enfoque tanto en el tema de la reconciliación como un deber moral”.
Como lo señala Gladys Durán, la única redención ante el dolor de la pérdida es, finalmente, la verdad, aunque –lamentablemente– para las mamás de su hermano y su sobrino, las respuestas llegan tarde; ellas partieron a la tumba sin lograr darle alivio a su duelo. “Se fueron con ese pesar, con el dolor de no volver a saber de sus hijos. Eso es muy duro, ojalá alcanzáramos a saber de ellos, a esclarecer qué fue lo que les pasó. Dios santísimo sabe cuántas arrobas nos quitaríamos de encima; yo ya estoy muy vieja, pero donde me tocara ir, iría a recoger los restos del hermano mío, manifiesta.
En medio de este proceso de búsqueda de la verdad la academia cumple un papel fundamental para profundizar en los diferentes fenómenos, analizar las realidades coyunturales y proponer caminos que afiancen la construcción de paz. “La academia tiene un rol muy importante, toda la cuestión educativa de formación de los jóvenes, involucrar a los estudiantes y motivarlos a que hagan sus propias investigaciones”, continúa Guglielmucci. “Hay que ver también cómo la academia sale a la calle, llega a otros países, a otras audiencias. Sobre todo contrastar información, hacer chequeos, validar de alguna manera el informe de la verdad”.
Precisamente, con el propósito de aportar activamente en este momento coyuntural que vive Colombia, la Universidad del Rosario abrió la Maestría en Conflicto, Memoria y Paz, así como la Especialización en Educación para la Paz y Formación Ciudadana. La idea es que los jóvenes tengan un rol de liderazgo en esta materia.
Indudablemente, el país se encuentra en un proceso de aprendizaje social que involucra a todos los actores. Fue más de medio siglo de incubación de violencias, odios, dolor y división. Se requieren tiempo y aportes de distintos sectores para el desescalamiento total del conflicto y la construcción de una paz estable, como lo señalan los investigadores.
En este camino, el Museo de Memoria de Colombia, más allá de su carácter simbólico, se perfila como un derecho y un espacio de construcción y transmisión para quienes buscan afanosamente la comprensión y el reconocimiento de los daños y de los afrontamientos y resistencias, frente a situaciones de violencia en el contexto del conflicto armado. Como bien lo ha afirmado el padre de Roux, “si hay futuro es porque hay verdad.